Chile ratificará este viernes el acuerdo ambiental de Escazú (que Piñera impulsó pero no quiso suscribir)

El ministro secretario general de la Presidencia de Chile, Giorgio Jackson, confirmó este jueves que el Gobierno de Gabriel Boric prevé la firma del proyecto de ratificación del acuerdo de Escazú, un pacto regional sobre asuntos medioambientales.

"Se ha anunciado que el día viernes va a ser la firma del proyecto que envía el Congreso: la ratificación de Escazú, que es un tratado internacional del cual Chile fue parte en su creación, pero que inexplicablemente el Gobierno del expresidente [Sebastián] Piñera decidió no firmarlo", aseveró el ministro en declaraciones a Radio Futuro.

Jackson aseguró que la ratificación del acuerdo ha sido una demanda recurrente por parte de las comunidades que afrontan "problemas en temas ambientales", por lo que consideró que su empuje es "una señal muy importante" por parte de la flamante administración de Gabriel Boric.

"[La ratificación de Escazú] es algo a lo que nos comprometimos en campaña, porque para nosotros el tema ambiental es poder generar justicia interseccional y, sobre todo, generar las condiciones para que los problemas ambientales se puedan resolver también con la comunidad, en primera instancia", indicó el titular de la secretaría presidencial.

Para Jackson, el avance en esta materia es "fundamental", ya que va en línea con el fortalecimiento de liderazgos y las garantías para quienes se dedican al activismo a nivel ambiental en las zonas de conflicto.

"Creemos que es una señal potente para que las nuevas generaciones puedan avanzar en esto", apuntó respecto al tratado de Escazú, que entre sus principios vela por la implementación de los derechos a la información ambiental, participación pública en toma de decisiones de impacto en el área y acceso a la justicia. 

¿Por qué Piñera no lo ratificó?

A pesar de que Piñera fue uno de los principales impulsores del tratado durante su primer mandato (2010-2014), en su segunda administración (2018-2022) se negó a ratificar el pacto por considerar que este podría comprometer la soberanía de Chile.

La postura del exmandatario desconcertó a la opinión pública mundial, no solo porque contradecía su propia iniciativa, sino porque ocurrió en el momento que en el país suramericano presidía la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25). Por esa razón, Costa Rica quedó en solitario como promotora de Escazú.

En 2020, la cancillería chilena alegó cuatro razones para evitar la ratificación del acuerdo, aunque el texto final del pacto había sido refrendado por Santiago: primero, el amplio alcance interpretativo de algunos principios del tratado; segundo, que la norma estuviera por encima de la legislación local en temas ambientales; tercero, que estableciera obligaciones "ambiguas, amplias e indefinidas"; y cuarto, que pudiera exponer a Chile a controversias internacionales, no solo en materia de Medioambiente, sino también de territorio.

Con la reciente llegada de Boric a La Moneda, la mirada sobre el tema parece distinta. De hecho, dos de los temas prioritarios en la agenda del mandatario tienen que ver con la atención a los conflictos ambientales y territoriales, como los que suceden con la comunidad mapuche en el sur del país. Del mismo modo, el izquierdista ha mostrado su disposición a restablecer las relaciones con Bolivia, interrumpidas desde 1978, a pesar de que el punto de discordia tiene que ver con el acceso al mar, un asunto que para Santiago quedó cerrado tras el fallo de La Haya de 2018, mientras La Paz insiste en negociar. 

Los puntos claves del Acuerdo de Escazú

El acuerdo de Escazú, que fue firmado por 24 países de América Latina y ha sido ratificado por la mitad de ellos, además de ofrecer un marco jurídico para atender, disminuir y prevenir conflictos ambientales en la región, también establece medidas concretas para la protección y defensa de los activistas ambientales.

Por qué se hundió un acuerdo regional sobre asuntos ambientales en uno de los países con más asesinatos de activistas

Entre sus principios rectores más importantes se encuentran:

• El acceso oportuno, comprensible y culturalmente apropiado de la información sobre temas ambientales, en igualdad de condiciones, especialmente para los grupos más vulnerables.
• La promoción de la participación ciudadana en la toma de decisiones que tengan que ver con salud y medio ambiente.
• El acceso a la justicia en los asuntos que involucren al médico ambiente y los derechos humanos.

De momento, Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay son los países que han ratificado este pacto, aunque solo se requerían 11 para que entrara en vigor.