López Obrador considera que el mayor lastre que sufre el México actual, y lo que provoca la enorme desigualdad que existe en el país, es la corrupción de gran parte de la clase política que gobernó durante el periodo neoliberal.
Esa corrupción estaba en el sobreprecio de las compras del gobierno, por lo que López Obrador decidió desde el inició de su gestión establecer un programa de compras consolidadas, como lo marcan las mejores prácticas internacionales, algo que ya le había dado resultados positivos cuando fue alcalde de la Ciudad de México.
El nuevo esquema consolidó el 80 % de las compras en un punto y 20 funcionarios, cuando anteriormente se requerían 2.000 puntos y más de 20.000 funcionarios; con este esquema logró un ahorro de 10.000 millones de dólares en su primer año. Pero la ganancia del Estado mexicano y la ciudadanía fue la perdida de políticos y empresarios corruptos, que acudieron a todo tipo de artimañas y golpes bajos con tal de recuperar las posiciones de privilegio que gozaron en las anteriores administraciones.
Un sector que vio afectado sus intereses y las posiciones de privilegio que tenía en el antiguo régimen fue el de las farmacéuticas, cuyos laboratorios estaban ligados mediante contratos exclusivos con distribuidores, que fungían de intermediarios para obtener los contratos y encarecer los medicamentos que finalmente vendían al gobierno.
Las compras de medicamentos por parte del gobierno son alrededor de 5.000 millones de dólares anuales, por lo que si había un sobreprecio de alrededor del 30 % (cálculo conservador), estamos hablando de por lo menos 1.500 millones de dólares al año que se iban a los bolsillos de la corrupción.
Lo primero que hizo López Obrador fue exponer y vetar a tres empresas distribuidoras farmacéuticas (intermediarios), en abril de 2019, por prácticas monopólicas. En ese mismo mes se detectó un brote en 15 hospitales de Guadalajara de una bacteria que estaba en nutrientes parenterales de la empresa farmacéutica Pisa.
Para mayo de ese mismo año, hubo denuncias en Puebla por reacciones al administrarse metotrexato, un fármaco oncológico utilizado en niños y que también era producido por la misma farmacéutica, por lo que después de realizar verificaciones en su planta se suspendieron los procesos de producción. No era la primera vez que Pisa actuaba alevosamente y en contra del bienestar nacional, ya que en 2015 fue sancionada por la Comisión Federal de Competencia (COFECE) por encarecer artificialmente medicamentos de primera necesidad durante el gobierno de Felipe Calderón.
En vez de atender las recomendaciones de la autoridad sanitaria, la empresa farmacéutica pretendió ejercer presión sobre el gobierno de López Obrador escondiendo miles de dosis del metrotexato, buscando chantajear para que se le levantaran los castigos a sus líneas de producción, a cambio de liberar el producto. El gobierno se encontraba en la disyuntiva de ceder y obtener las dosis necesarias pero dejar que volvieran a trabajar líneas de producción defectuosas, que traerían peores consecuencias en el futuro, o buscar alternativas. El problema es que la farmacéutica nacional se había convertido en un agente monopólico: Pisa era la única que le vendía al gobierno este producto.
Fue entonces que el gobierno de López Obrador dio un manotazo en la mesa y declaró en una de sus conferencias mañaneras que no se dejaría chantajear por nadie. Se exploró el mercado internacional donde Mylan, una marca global de genéricos que tenía en Francia el lote que se necesitaba de metrotexato, y que se adquirió a un precio menor al que se cotizaba en México, a pesar de que se trató de una compra de emergencia y de los costos de transporte, lo que evidenció aún más las extorsiones y sobreprecios de Pisa.
Con el objetivo de crear todo una política de salud pública que beneficiara al paciente y no a la empresa farmacéutica, el gobierno de México implementó en 2019 lo que se conoce como la triple optimización de la salud pública, que consiste en los mejores tratamientos para el mayor número de gente, a través de una demanda consolidada que, por el volumen, permite también los mejores precios. Hay tres casos de éxito en la actual administración de la negociación precio por volumen en medicamentos de antirretrovirales, para la hepatitis C y para la hemofilia.
En el caso de los antirretrovirales, la agregación del volumen, la vigencia multianual del contrato y el trabajo en conjunto de los especialistas Gustavo Reyes Terán, Juan Sierra y Andrea González con el gobierno, permitieron conseguir tanto una propuesta económica favorable como la actualización y mejora de los tratamientos. Con este procedimiento, el país está a la vanguardia mundial con un tratamiento que en Estados Unidos se paga en 3.000 dólares, mientras que en México solo cuesta 58 dólares.
En el caso de la Hepatitis C se repitió el esquema anterior. El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), de la Secretaría de Salud, encabezó la estandarización de tratamientos y amplió el volumen de pacientes beneficiados.
Debido a este programa, la Coalición para la Eliminación Global de la Hepatitis seleccionó esta semana a David Kershenobich, director del INCMNSZ, como ganador de la "Eliminación 2020" por sus contribuciones a la lucha por la erradicación de la hepatitis.
A pesar del éxito de la triple optimización, las principales farmacéuticas y distribuidoras nacionales siguieron con las "anomalías" y presiones al gobierno en los procesos de licitación. Las más importantes son el número considerable de claves que se declaran desiertas, lo cual pone de manifiesto que la producción nacional no cubre la totalidad de la demanda, así como la existencia de un nivel de incumplimiento considerable por parte de algunos proveedores.
Esto se exacerbó con la llegada de la pandemia del covid-19, cuando empezaron a especular con los insumos médicos ocupados para protección del coronavirus; en otros casos, simplemente no contaban con la capacidad de producción. Ante este escenario, el gobierno de México tuvo que acudir a empresas de China, principalmente, y Estados Unidos para la compra de mascarillas, ventiladores, batas, etc.
Ante las presiones y chantajes de 2019 y las incapacidades de 2020 que mostró la farmacéutica nacional, el gobierno decidió profundizar la relación que venía sosteniendo desde el año pasado con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), en el asesoramiento en materia de la licitación pública para la compra de medicamentos genéricos y material de curación. Por ese motivo, el Congreso mexicano aprobó esta semana una reforma a la Ley de Adquisiciones en la compra de medicamentos, que permitirá la regulación y ordenamiento jurídico de las compras internacionales, como alternativa a las licitaciones nacionales. Esto permitirá garantizar el abasto sin que el gobierno tenga que ser rehén de la especulación comercial.
Esto puede permitirle al Estado mexicano mayor seguridad en aspectos claves en el rubro de medicamentos, justo como lo recomienda la OCDE, particularmente con respecto al precio, el abasto y la calidad de los medicamentos. La legislación también ayuda a corregir algunas de las posibles fallas del mercado.
Por ejemplo, en el caso de medicamentos con patente, se han creado monopolios a través del otorgamiento de una patente a una empresa innovadora, como podría ocurrir con la vacuna del covid-19, lo que abre la posibilidad de desencadenar la especulación del medicamento o un encarecimiento artificial que lo haga inaccesible para la mayoría de los ciudadanos.
Ya aprobada esta reforma, López Obrador no perdió tiempo y, menos de 48 horas después, ha anunciado un acuerdo con la ONU para la compra de medicamentos e insumos médicos en el mercado internacional, que pueda terminar con los desabastos inducidos, las presiones y los monopolios de la industria farmacéutica nacional. También se anunció la creación de una empresa paraestatal que se dedique exclusivamente a la distribución de medicamentos, vacunas y equipos médicos en todo el territorio nacional, y así no estar a expensas de las distribuidoras actuales, que sirven como intermediarios y que encarecían los medicamentos gracias a los contratos que obtenían por sus conexiones políticas en las administraciones anteriores.
Debe quedar claro que esta legislación no es contra toda la industria farmacéutica nacional, sino exclusivamente contra aquella que tiene un modelo de negocios que está basado en la corrupción y en el capitalismo de amigos. Si una empresa nacional ofrece el mejor precio o la mejor calidad en los medicamentos, podrá ser contratada sin problemas por la ONU.
Es curioso cómo antiguos adalides del libre mercado hoy demandan que el gobierno aplique medidas proteccionistas para empresas y productos, que han perjudicado por diversas razones a la gente. Lo mismo ocurre con la oposición política que llevaba años diciendo que López Obrador no entendía la globalización y nos sumergiría en un parroquialismo excesivo, y que hoy exige que no se pida ayuda internacional y que se esté a expensas de los caprichos de empresas nacionales, que suelen ser propiedad de sus testaferros o de familiares y amigos. En fin, la hipocresía.
@BuenrostrJavier
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