Isabel Díaz Ayuso ha decidido, porque sí, que quedarían confinadas aquellas áreas sanitarias de Madrid que tuvieran más de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Una decisión que ha colisionado frontalmente con la barrera establecida por el Gobierno español: 500 contagios por cada 100.000 habitantes. Es el umbral que, según el Gobierno español, marcaría de forma definitiva la toma de medidas drásticas.
Casualmente, el umbral marcado por la presidenta madrileña confina, salvo alguna excepción, las zonas más pobres de Madrid, en las cuales se encuentran los índices más altos de pobreza, marginalidad, desempleo o fracaso escolar. Porque lo cierto es que Madrid es la región más rica pero, también, la región con mayor desigualdad de España –el 20 % más rico se encuentra a mucha más distancia del 20 % más pobre que en el resto del país y en la mayoría de Europa–. Y, casualmente, quedaron salvadas las áreas con mayores rentas, cuando, de haber seguido el criterio del Gobierno español, casi toda la región habría sido confinada.
Ante esta perspectiva, el jueves pasado varios centenares de ciudadanos protestaron junto a un centro de salud por la falta de sanitarios y rastreadores en la Comunidad, elementos claves en la nueva expansión de la pandemia.
Medio centenar de los concentrados decidió, de forma espontánea, quejarse frente a la cercana Asamblea de Madrid, el órgano de Gobierno dirigido por Isabel Díaz Ayuso, pero fueron disueltos sin contemplaciones, aporreados, tras las denuncias de lanzamientos de piedras. El balance: cuatro detenidos y seis heridos, cuatro policías y dos chicos –una joven de 17 años con una brecha y un muchacho de 19 años con una contusión leve en la cabeza–. Una batalla campal.
Al analizar la cartografía y los datos demográficos de las áreas afectadas por las restricciones, se constata que han quedado confinados –después de las ocho regiones añadidas este lunes 28 de septiembre–, más de un millón de habitantes en un total de 45 áreas sanitarias, localizadas principalmente en los distritos más desfavorecidos de Madrid, como Carabanchel, Usera, Villaverde, Villa de Vallecas o Puente de Vallecas, y en las localidades del sur y el este, también las más limitadas, como Fuenlabrada, Parla o Alcorcón.
La decisión se percibe injusta, entre otras cuestiones, porque la sensación de arbitrariedad queda en un segundo plano ante una cuestión de mayor gravedad: la ineficacia de las medidas. Y es que las medidas restrictivas impuestas por la Comunidad de Madrid han sido criticadas por múltiples especialistas por ser consideradas insuficientes e ineficaces: los confinamientos parciales no serán efectivos para detener la expansión del virus debido al nivel de transmisión alcanzado. Es la conclusión generalizada.
Por desgracia, tampoco hay muchas dudas sobre el impacto que este confinamiento parcial tendrá entre los más desfavorecidos: crecerán los niveles de desigualdad de Madrid.
No es de extrañar, en este contexto, que sean muchos los ciudadanos que sientan que este confinamiento selectivo fomenta la segregación, la pobreza y el sentimiento de culpa, una herida que Isabel Díaz Ayuso sazonó cuando culpabilizó a los migrantes, principalmente latinoamericanos, de la expansión de la pandemia por su "modo de vida".
Además, la decisión del confinamiento selectivo se produce tras la manifiesta negligencia perpetrada por la insuficiente cantidad de rastreadores y su caótico servicio. Esencial en la prevención y control de la pandemia. Un rastreo del que únicamente es responsable la Comunidad de Madrid y, más concretamente, Isabel Díaz Ayuso, ya que tras haber recibido 1.500 millones de euros por parte del Estado, fundamentalmente para ello, nadie puede siquiera explicar cómo puede ser que no se hayan contratado a los rastreadores necesarios y ahora se necesiten militares para que realicen este servicio.
Si la situación en las zonas confinadas es de máxima tensión, resulta todavía más incompresible que se desplieguen fuerzas militares –una operación que comenzó este lunes 28 de septiembre–, aunque, según el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, del Partido Socialista, estos no realizarán labores de control ciudadano, como sí llegaron a efectuar –con estrépito, pues sus multas no fueron tramitadas– en las primeras semanas de la pandemia.
Es, por tanto, un despliegue difícil de explicar, salvo por pretender dotar de un aire bélico a la pandemia con objeto de ocultar las negligencias bajo la parafernalia militar.
Por otra parte, si analizamos las funciones inicialmente asignadas al contingente militar, algo no cuadra, pues los militares: 1) realizarán las labores de rastreo que la Comunidad de Madrid no ha implementado desde el mes de mayo, como era su obligación; 2) desplegarán hospitales de campaña que, sin el personal sanitario –del que carece la Comunidad–, tienen escaso valor (se ha implementado un hospital de campaña junto al Hospital Militar Gómez Ulla), y que recuerdan al fiasco sanitario –pero gran éxito propagandístico– que supuso el hospital de campaña levantado en el recinto ferial madrileño (IFEMA); y 3) desinfectarán zonas públicas, una tarea que a día de hoy sigue despertando múltiples dudas.
Tan extraña es la situación que aunque Ignacio Aguado solicitara hace cinco días el despliegue urgente de las Fuerzas Armadas españolas en la Comunidad de Madrid, como si la vida de los madrileños dependiera de ello y, acto seguido, la ministra de Defensa, Margarita Robles, pusiera a su disposición un total de 7.500 militares, estos prácticamente no se han llegado a desplegar. Otro elemento que indica claramente que el asunto contiene más de operación de distracción que de operación real de salvamento.
Por si la presencia militar no contuviera suficientes incertidumbres, los propios uniformados se quejan por múltiples cuestiones, entre ellas la tarea de rastreo.
Desde 'Ciudadanos de Uniforme', un grupo de militares próximo a constituir una asociación, lamentan la falta de formación de los militares para la realización de las labores de rastreo, pues afirman que "el curso de rastreador es un curso de perfeccionamiento efectivo en personal sanitario con una extensa formación sanitaria, pero no es apto para un soldado sin ningún tipo de formación sanitaria".
Además, les resulta incomprensible cómo puede gestionar la cúpula militar el control de la covid-19 cuando las negligencias dentro de los cuarteles son casi diarias. Ponen como ejemplo que "cuando hay un positivo en un colegio se confina un aula, pero en las unidades del Ejército no se está haciendo". Además, se quejan porque "las unidades suelen ocultar los positivos y no se realiza ningún rastreo [dentro de las propias unidades militares]. El problema de fondo es que quedarían unidades enteras inoperativas. Por ejemplo, si en la UME se dan positivos, la unidad quedaría inoperativa". Una afirmación que no parece vacua si tenemos en cuenta que en un análisis aleatorio realizado por el ministerio de Defensa en el mes de abril se descubrió que, en una unidad de la UME, el 90 % de los militares analizados eran portadores del virus. Además, desde 'Ciudadanos de Uniforme' protestan por la falta de medidas de protección y por la escasa realización de pruebas PCR, ya que están teniendo problemas con centros privados como Adeslas.
Así pues, con los datos analizados, no cabe mucha duda sobre la falta de utilidad del Ejército en el control de la covid-19 en la Comunidad de Madrid, por lo que todo hace indicar que solo se ha tratado de un golpe propagandístico para desviar la atención. Una operación de distracción para ocultar la negligente gestión del Gobierno madrileño. Una operación militar que no salvará Madrid de su mayor enemigo: Isabel Díaz Ayuso.
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