El enigma del 'jueves sangriento' no ha hallado respuesta a día de hoy. Sigue sin salir a la luz quiénes eran las personas, ataviadas con el uniforme de la policía antidisturbios Berkut, con rifles en las manos.
Sin tener prueba alguna, las nuevas autoridades en Kiev se apresuraron en atribuir todo lo sucedido al presidente depuesto Víktor Yanukóvich. Pero la falta de progreso en la investigación empujó a varios expertos y periodistas a buscar sus propias respuestas. Muy a menudo sus versiones contradicen la postura oficial del actual Gobierno ucraniano.
Llegó la primera prueba de donde menos la esperaban. En Internet filtraron la grabación de la conversación entre la entonces jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, y el que fuera ministro de exteriores de Estonia, Urmas Paet. Su diálogo confirmaba que los francotiradores de Kiev habían sido contratados por la oposición.
Poco después esta versión ganó más fuerza. El portal analítico Global Research publicó un artículo de un politólogo independiente estadounidense, Michel Chossudovsky, que afirmaba que los francotiradores pertenecían a la organización UNA-UNSO ('Asamblea Nacional Ucraniana-Autodefensa Popular Ucraniana'). Varios exagentes de inteligencia de EE.UU. afirman que esta misma estructura forma parte de los cuerpos especiales de la OTAN, alianza que se vio involucrada en varios golpes de Estado en el espacio postsoviético, y Ucrania no fue una excepción.
El exdirector del Consejo de Seguridad ucraniano Alexánder Yakimenko también levantó un poco la cortina que se cierne sobre esta masacre. Aseguró que detrás de los francotiradores se encuentra el entonces secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y comandante de Maidán, Andréi Parubíi. Pero la justicia ucraniana desestimó esta acusación. Solo se limitó a señalar que el fuego fue abierto desde los edificios controlados por la oposición, como el hotel Ukraína y el edificio de la filarmónica.
Los periodistas alemanes de la cadena ARD llevaron a cabo una investigación propia. Su versión de lo sucedido tuvo mucha resonancia, ya que hizo cuestionar las declaraciones de la fiscalía general ucraniana. Esa instancia afirmaba haber averiguado quiénes eran los culpables, pero altos cargos del Comité de Investigación confiaron a la cadena que la fiscalía tergiversó muchas conclusiones.
Una comisión especial del Parlamento ucraniano intentó averiguar los detalles del caso y concluyó que no fueron los agentes de seguridad quienes dispararon contra los manifestantes. Su resumen fue que el primer disparo estuvo dirigido contra los policías y que las balas extraídas de los cuerpos de las víctimas no coincidían con los modelos de los rifles automáticos usados por los efectivos gubernamentales. Sin embargo, la comisión se limitó a atribuir la autoría a miembros de "entidades sociales fuera de control". No precisó cuáles habían sido ni prosiguió con las pesquisas. Los resultados de la investigación no tuvieron ninguna consecuencia.
Los agentes de la unidad especial ucraniana Berkut abandonaron la plaza de Maidán antes de que empezaran los disparos de los francotiradores. Fue otro hecho que permitió a las nuevas autoridades responsabilizar al antiguo régimen. Sin embargo, pasado casi un año, la BBC ha divulgado el testimonio de un francotirador que admitió haber disparado contra agentes de Berkut y que asegura que eso fue precisamente lo que obligó a la retirada de los agentes.
Ucrania sigue sumida en una profunda crisis judicial, afirma Amnistía Internacional. Según la ONG, el país sufre una falta de competencia jurídica y está mermado por la impunidad. Al parecer, todavía está lejos el día en que los seres queridos de los que murieron en Maidán sepan finalmente saber quién es el culpable.