"Tlatlaya a un año: la orden fue abatir". Así se llama el informe presentado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez sobre el caso de las 22 personas que murieron en una bodega del municipio de Tlatlaya, ubicado en el estado de México. En el informe se denuncia la responsabilidad militar, ya que este centro obtuvo de manera legal una copia de la Orden de Relevo y Designación de Mando que recibió el teniente involucrado en los hechos.
"Las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad", describe la orden Santiago Aguirre, un integrante de esta organización.
En la presentación del informe estuvo Clara Gómez, quien había sido identificada como Julia en una investigación especial que había desmentido la versión dada por las autoridades. Clara es una de las tres testigos de lo sucedido en Tlatlaya. Ella se presentó por primera vez ante los medios de comunicación, obligada, porque su vida está en riesgo.
Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia, comentó que es necesario un plan de salida de las fuerzas armadas para que no usurpen funciones que corresponden a las instituciones policiales y evitar que casos como Tlatlaya vuelvan a repetirse en el país.
La exigencia es el esclarecimiento del caso, para lo cual están solicitando que se investigue a toda la cadena de mando del Ejército hasta llegar al general Salvador Cienfuegos Zepeda, el secretario de la Defensa nacional, así como la creación de una nueva comisión indagatoria de especialistas independientes que pueda determinar las ejecuciones extrajudiciales en la masacre.