La situación actual en El Salvador ha superado a las autoridades centroamericanas, que no han podido detener el elevado número de asesinatos diarios, el cual ha llegado a ser de 43 personas en un solo día, derivado de los enfrentamientos entre pandilleros.
Por lo que las autoridades judiciales aprobaron tipificar a la Mara Salvatrucha y a los pandilleros de Barrio 18 como grupos terroristas, para fortalecer la estrategia de seguridad de las autoridades salvadoreñas, según informa la BBC.
La resolución de la Suprema Corte salvadoreña busca fundamentar jurídicamente cómo debe interpretarse la aplicación de la Ley de Actos de Terrorismo (Lecat) hacia los pandilleros de las maras, ya que la sentencia es constitucional y no establece sanciones penales o alguna estrategia para mitigar a los grupos delictivos.
Esta sentencia del máximo órgano judicial de El Salvador aglomera los criterios legales sobre el comportamiento general y cotidiano de los pandilleros para que se consideren como actos terroristas.
Los criterios legales para que los pandilleros alcancen una sentencia máxima de 30 años de prisión fueron: "El uso de medios y métodos con amplia idoneidad para generar terror colectivo, la afectación de bienes jurídicos personales o materiales con significativa consideración y causar potenciales daños al sistema democrático, la seguridad del Estado o la paz internacional".
A través de esta coyuntura legal, el país centroamericano busca facilitar el conducto judicial para encarcelar a los terroristas-pandilleros miembros de las maras que han sembrado el terror de manera alarmante durante el mes de agosto de 2015.
Sin embargo, especialistas señalan que el sistema penitenciario en El Salvador se encuentra colapsado y no tiene la capacidad de albergar a los 60.000 pandilleros que forman parte de los grupos delincuenciales, por lo que esta medida parece ser solo una respuesta mediática del régimen político.