España: polémica Junta de Portavoces del Parlamento de Cataluña para acelerar la independencia
Un nuevo paso soberanista en Cataluña: ha arrancado la Junta de Portavoces convocada por la presidenta del Parlamento de la comunidad autónoma, Carme Forcadell. El partido Ciudadanos, el Partido de los Socialistas de Cataluña y el Partido Popular de Cataluña no considerarán que sea valida y han anunciado que presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El argumento principal de esta postura es que el Partido Popular todavía no se ha constituido como grupo parlamentario (tiene de plazo hasta el próximo viernes) y, por lo tanto, aún no tiene portavoz.
El objetivo de esta reunión es la aceleración del proceso independentista, iniciado por Juntos por el Sí y la CUP. Ambos partidos quieren seguir con el plan establecido y su objetivo es que la propuesta secesionista se vote en un pleno extraordinario, incluso antes del próximo lunes, fecha para la que está programado el debate de investidura del nuevo presidente del Gobierno catalán.
La propuesta, de nueve puntos, persigue que en el próximo pleno se realice una declaración solemne para iniciar el proceso constituyente de un Estado independiente catalán, bajo la forma de una república. El documento menciona que sería un acto constituyente "de carácter ciudadano, activo, participativo e integrador" e insta al próximo Gobierno regional a hacer todo lo posible para llevar a cabo ese proceso de desconexión con España. Además, determina que todas las decisiones de los futuros dirigentes estén supeditadas al Gobierno de Cataluña y no al Estado Español y sus instituciones.
El ministro de exteriores de España, José Manuel García-Margallo, también ha participado en el debate sobre Cataluña al declarar que en esta comunidad autónoma tiene lugar "una sublevación dirigida desde un órgano del Estado". En su opinión, los independentistas han seguido adelante con sus planes "a costa de partir en dos a la sociedad catalana".
Por su parte, el abogado Eduardo Cáliz pone en duda las declaraciones del jefe de la diplomacia española y señala que no existe ninguna base legal para hablar de rebelión.