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Polémica en Perú por la ley que permite a la Policía registrar datos telefónicos de los ciudadanos

Publicado: 30 nov 2015 13:45 GMT | Última actualización: 30 nov 2015 17:17 GMT

Perú ha aprobado una ley que permitirá a la Policía registrar datos telefónicos de cualquier ciudadano en todo el territorio nacional. La medida nace para luchar contra la delincuencia y el crimen organizado, pero al poder realizarse sin permiso judicial, hay abogados que alertan de la posibilidad de la privacidad sea vulnerada.

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El equilibrio entre seguridad y privacidad se ha convertido en uno de los mayores debates a nivel mundial después de las revelaciones de Edward Snowden. Los gobiernos de varios países implementan prácticas de seguimiento y recopilación de datos telefónicos con el pretexto de la lucha contra el crimen o el terrorismo. En Perú, la nueva ley de Geolocalización ha dado mayor libertad a las autoridades para acceder a la información electrónica de sus ciudadanos.

Hace años que las fuerzas de seguridad peruana ya tienen acceso a los metadatos de los usuarios. Sin embargo antes de pedirlos a las compañías de telecomunicaciones se requería una orden judicial que podía demorarse varios días. Ahora, la aprobación del juez sigue siendo necesaria, pero hasta que esta llega las fuerzas del orden pueden tener acceso inmediato a la ubicación, número y duración de las llamadas.

¿Quién lo está controlando?

Sin embargo, algunos analistas aseguran que hay aspectos de la norma que pueden vulnerar la privacidad. "Esta normativa sobre Geolocalización también incluye retención de datos, lo que también implica otras violaciones a los derechos humanos. Este contexto le permitiría a la policía tener directamente, sin pasar por un juez de manera previa, acceso a los datos técnicos relacionados a las llamadas", sostiene el abogado Erick Iriarte.

Desde el Gobierno se asegura que la nueva ley es más efectiva y que se ha implementado una serie de mecanismos de protección que garantizan castigos para aquellos que cometan irregularidades.

Por su parte, Jaime Reyes, Asesor del Ministerio del Interior, opina que "puede ser mal utilizado, hay temor en ese sentido. La normativa vigente pone en marcha una serie de medidas, de candados que van a proteger. Primero existen responsabilidades administrativas, es decir para el personal policial que 'saldrá' de la policía si hace mal uso de esa información. Pero también si un ciudadano hace una supuesta denuncia para tejer una información será denunciado penalmente".

Lo que tiene que hacer la empresa de telecomunicaciones es entregarle el dato. No le pregunta por qué ni para qué. Se lo entrega, y la policía tiene los datos… ¿La pregunta es quién está controlando eso?

Más allá de las violaciones a la privacidadad

Sin embargo, la falta de control y claridad a la hora de implementar estos castigos podría abrir la puerta a posibles abusos. "La policía pide: 'Dame la geolocalización de este dispositivo electrónico'… Lo que tiene que hacer la empresa de telecomunicaciones es entregarle el dato. No le pregunta por qué ni para qué. Se lo entrega, y la policía tiene los datos… ¿La pregunta es quien está controlando eso?", se cuestiona Iriarte.

La polémica va más allá de las violaciones a la privacidad. Los que apoyan la iniciativa gubernamental opinan que los metadatos no son parte de la comunicación y por lo tanto no deben protegerse del mismo modo, pero los detractores no están de acuerdo.

De acuerdo con Jaime Reyes, "esta norma no tiene que ver con el contenido de las comunicaciones". "La comunicación está protegida, toda persona tiene derecho a  la inviolabilidad de sus comunicaciones", asegura Reyes.

Para Erick Iriarte, "estamos hablando de que todo es parte del secreto de las comunicaciones, nuestra constitución así lo establece en el artículo 2. Solo el juez lo puede levantar. La discusión es si solo se trata de la comunicación interna, es decir lo que decimos, el contenido, o también de datos técnicos. Si son los datos técnicos, esta norma viola este concepto".

Esta diferencia de fondo es la base de la discordia entre aquellos que abogan por una mayor eficacia en la lucha contra el crimen y los que no quieren ver vulnerados sus derechos fundamentales. Desde varios colectivos se asegura que la solución es relativamente fácil, se debe instalar una serie de jueces 'ad hoc' exclusivamente para estos casos. De esta forma se podrá aprobar cualquier petición de la policía de manera inmediata mientras se garantiza la privacidad del ciudadano.

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