Cunha hizo pública su decisión durante una rueda de prensa en la que aclaró que no encontró ninguna objeción para rechazar la acusación.
Los partidos opositores que buscan la dimisión de Rousseff presentaron en septiembre la solicitud del juicio político. Las acusaciones incluyen presuntas violaciones a las leyes fiscales de Brasil y manipulación de las finanzas públicas en beneficio de su reelección el año pasado, según informa Reuters.
El pasado 8 de octubre, el Tribunal de Cuentas de Brasil recomendó al Parlamento rechazar los balances del Gobierno de Dilma Rousseff para 2014, después de que un juez hallara indicios de irregularidades en quince puntos de las cuentas públicas, entre ellas, las polémicas maniobras realizadas con el objetivo de reducir el cálculo del déficit fiscal.
Tras la apertura del juicio político, la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, ha comentado la decisión de la Cámara baja de Congreso afirmando que "no tienen nada en mi contra". "Recibí con indignación la decisión del presidente de la Cámara de Diputados contra un mandato democráticamente conferido por el pueblo brasileño", dijo la mandataria durante un discurso en el Palacio presidencial.