Proceso para la destitución de Rousseff: ¿Justicia o "golpe democrático a la paraguaya"?

El 2 de diciembre, el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, autorizó la apertura de un juicio político con el objetivo de destituir a la presidenta Dilma Rousseff, argumentando que considera procedente una acusación por irregularidades fiscales.

En concreto, Cunha admitió la solicitud presentada en octubre por los abogados Hélio Bicudo, Miguel Reale Junior y Janaína Paschoal, informa la agencia EBC. Como argumento, los juristas utilizaron la decisión del Tribunal de Cuentas de Brasil, un organismo que supervisa el Poder Ejecutivo, que el pasado 8 de octubre recomendó al Parlamento rechazar las cuentas fiscales del Gobierno de Rousseff sobre el año 2014 después de que en varios puntos de las mismas el juez instructor del caso, Augusto Nardes, haya detectado una serie de irregularidades.

¿De qué se acusa a Dilma Rousseff?

A la presidenta Dilma Rousseff se la acusa de haber realizado maniobras fiscales para "maquillar" el déficit y haber gastado más de lo permitido durante 2014. La oposición considera que dichas prácticas constituyen un "delito de responsabilidad", el cual puede considerarse un motivo para su destitución. 

El juez instructor del caso, Nardes, calculó que en el balance se omitieron deudas por 106.000 millones de reales (27.300 millones de dólares), gracias a lo cual el Gobierno pudo justificar "políticas expansivas insostenibles cuando debería haberse esforzado en contener el gasto público", informa EFE.

Entre las irregularidades detectadas, se encuentra "la apertura de créditos sin autorización del Congreso, la omisión de la contabilidad de deudas ya contraídas y polémicas maniobras realizadas con el objetivo de reducir el cálculo del déficit fiscal", reporta la agencia.

Eduardo Cunha, en medio de un escándalo de corrupción

Uno de los hechos más llamativos de este proceso es que el propio presidente de la Cámara Baja del Congreso Nacional de Brasil, Eduardo Cunha, es investigado por corrupción. Cunha rompió las relaciones con el Gobierno actual en julio de este año, después de que el 'lobbysta' Julio Camargo lo acusara de haber recibido 5 millones de dólares en sobornos. 

El señor Cunha no tiene ni moral ni ética para encaminar ningún procedimiento de impedimento al respecto a la presidenta de la república

A partir de ese momento, Cunha promovió varios proyectos opuestos a los intereses del Gobierno de Rousseff, que fueron definidos por algunos como "bombas", ya que suponían un aumento del gasto público en un momento de ajuste. Tampoco pudo evitar las críticas entre los miembros de su propio partido, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). En ese sentido, el diputado Jarbas Vasconcelos comentó a BBC Mundo que Cunha "es arrogante, autoritario y muchas veces usa el cargo para debilitar al Gobierno, en un gesto que muchas veces se confunde con chantaje".

No obstante, pese a que los escándalos y las sospechas de estar involucrado en casos de corrupción han estado presentes constantemente en la vida política de Cunha, esto no ha impedido su carrera, señala el medio.

"El señor Cunha no tiene ni moral ni ética para encaminar ningún procedimiento de impedimento al respecto a la presidenta de la república", ha expresado a su vez Gilmar Mauro, dirigente del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en Sao Paulo para el semanario 'Brasil de Fato'. "Si tuviera un poco de dignidad primero debería defenderse de las acusaciones de corrupción que le imputan a él", ha agregado.

Rousseff: En Brasil se prepara "un golpe democrático a la paraguaya"

Lo que se intenta conseguir en Brasil es "un golpe democrático a la paraguaya", manifestó Dilma Rousseff en referencia al fin del Gobierno de Fernando Lugo en 2012, en octubre pasado durante una reunión ministerial, reporta 'Folha de S. Paulo'.

El tema de los golpes de Estado se encuentra muy presente en los discursos de América Latina incluso hoy en día, mientras que Paraguay está lejos de ser el único país de América Latina que ha experimentado lo que muchos definen como un "golpe parlamentario", según lo demuestra la siguiente infografía.

Es un momento para que los compañeros de Latinoamérica se pongan muy atentos a la situación de Brasil porque ésta puede repercutir fuertemente en toda la región

Tras la apertura del juicio político, Dilma Rousseff ha comentado la decisión de la Cámara Baja del Congreso afirmando que "no tienen nada en mi contra". "Recibí con indignación la decisión del presidente de la Cámara de Diputados contra un mandato democráticamente conferido por el pueblo brasileño", dijo la mandataria durante un discurso en el Palacio presidencial.

"Son inconsistentes e improcedentes las razones que fundamentan este pedido. No existe ningún acto ilícito practicado por mí. No hay contra mí ninguna sospecha de desvío de dinero público, no tengo cuentas públicas en el exterior ni oculté al conocimiento público la existencia de bienes personales", expresó Rousseff, citada por 'La Nación', haciendo referencia a las cuentas bancarias no declaradas de Cunha en Suiza.

El Partido de los Trabajadores de Brasil presentará una demanda ante el Supremo Tribunal Federal para que se reconozca como ilegal este proceso, según lo anunció el diputado Paulo Teixeira, citado por el portal Varela Noticials. "Es obvio que ha utilizado el chantaje. Eduardo Cunha es una persona desesperada y sola que toma decisiones irreflexivas y que puede llevar al país al caos, pero Brasil es un Estado maduro y no lo va a permitir", ha manifestado Teixeira.

Los expertos también enfatizan que el proceso que tiene lugar en Brasil podría tener serias consecuencias no solo para el país, sino también para toda la región. "Ahora es el momento de movilización de los movimientos sociales de Brasil contra el capital y cualquier intención golpista en el país y es un momento para que los compañeros de Latinoamérica se pongan muy atentos a la situación de Brasil porque ésta puede repercutir fuertemente en toda la región", ha aseverado Gilmar Mauro. 

¿Qué pasa ahora?

A partir de este momento, se debe crear una comisión especial integrada por diputados de todos los partidos que analizarán la solicitud de destitución y la presidenta tendrá que responder a las acusaciones. Al final, dicha comisión presentará un informe en el que recomendará o no la apertura del 'impeachment'.

A continuación, en caso de que la decisión sea a favor del proceso contra la mandataria, para salir adelante necesitará el apoyo de al menos dos tercios de los votos de los 513 parlamentarios. No obstante, la última palabra le corresponderá al Senado, donde se tendrán que obtener 54 votos a favor de 81 en total.