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Argentina: Trabajadores estatales exigen estabilidad en su primera huelga contra Macri

Publicado: 29 dic 2015 22:13 GMT | Última actualización: 30 dic 2015 01:05 GMT

Macri ha oficializado un decreto por el que ordena revisar la legalidad de las contrataciones de empleados estatales aprobadas en los últimos tres años.

Reuters / Enrique Marcarian
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Trabajadores estatales de Argentina han declarado este martes la primera huelga contra el Gobierno de Mauricio Macri, para protestar por la posible salida de miles de funcionarios, cuyos contratos pasarán a revisión por decisión del Ejecutivo.

El ministro de Modernización argentino, Andrés Ibarra, anunció este lunes que se evaluarán 64.000 contratos temporales firmados durante los gobiernos de Cristina Fernández (2007-2015), decisión a la que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), uno de los principales gremios que reúne a los empleados públicos, respondió de manera inmediata convocando una marcha en la capital argentina.

Los manifestantes marcharon por las avenidas del centro en Buenos Aires, reclamando al Gobierno de Macri un bono de compensación salarial y garantías de estabilidad laboral, informa Efe.

En una rueda de prensa previa a las movilizaciones, el secretario general de la ATE, Hugo Godoy, exigió al Ejecutivo la renovación de los contratos de más de 95.000 trabajadores del Estado y 600.000 designados en las administraciones del resto del país, cuya vigencia vence el 31 de diciembre.

"Excepcional número de concursos"

Macri oficializó este martes el decreto que ordena revisar la legalidad de las contrataciones de empleados estatales aprobadas en los últimos tres años.

La decisión, publicada hoy en el Boletín Oficial, especifica que "los Ministros, Secretarios de la Presidencia de la Nación, Autoridades Superiores de organismos descentralizados, Empresas y Sociedades del Estado de la Administración Pública Nacional" deberán revisar tanto las contrataciones en proceso de aprobación como las realizadas en el pasado reciente.

El decreto hace hincapié en el "excepcional número de concursos" convocados durante los últimos tres años, por lo que expone la necesidad de verificar que dichos nombramientos hayan sido realizados "conforme al derecho y respondan a necesidades genuinas de gestión".

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