Irene Cruz Zúñiga es el nombre de una mujer indígena, de origen mixteco, que desde hace 14 años vive en inmovilidad total.
En 2001, Irene se encontraba sana y al término de su embarazo tuvo que ser sometida a una cesárea de emergencia en el sureño estado de Oaxaca, en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la institución gubernamental con mayor presencia en la atención a la salud de los mexicanos.
El daño cerebral fue permanente. Sus funciones motoras y sensoriales resultaron gravemente afectadas.
"Lo que le pasó en el IMSS Solidaridad Tlaxiaco fue que le hicieron una cesárea. No tuvimos la información inmediatamente pero después de los análisis que hicieron las autoridades médico-legistas de la Procuraduría del Estado salió que fue una cesárea mal practicada. Ahí salió en complicidad la anestesióloga", cuenta su hermano Carlos Cruz Zúñiga.
El daño cerebral fue permanente. Sus funciones motoras y sensoriales resultaron gravemente afectadas. Y además, durante la cesárea, se le colocó un dispositivo para control de la natalidad sin su autorización. Un mes después, su esposo denunció lo ocurrido en la Procuraduría estatal. Por 11 años el caso se mantuvo en estatus de investigación, hasta que las autoridades determinaron que, debido al tiempo transcurrido, el delito había prescrito.
"Finalmente en 2012 la Procuraduría del estado de Oaxaca gira la investigación a nivel federal, porque por ser el IMSS una autoridad federal es competencia federal la investigación, pero entonces han pasado más de 10, 11 años, sin que en realidad pasara nada", relata la Investigadora de derechos humanos del Centro de Análisis e Investigación Fundar, Cecile Lachenal.
Por 11 años el caso se mantuvo en estatus de investigación, hasta que las autoridades determinaron que, debido al tiempo transcurrido, el delito había prescrito
Un informe presentado en 2015 por el Grupo de Información en Reproducción Elegida señala que las quejas presentadas en México por violaciones a los derechos humanos cometidas contra mujeres embarazadas, lo que denominan "violencia obstétrica", han llegado a casi 300 en tan solo un año y medio.
"Y eso también nos demuestra temas de violencia institucional que son bien interesantes porque normalmente todas estas faltas de negligencia médica, sobre todo en temas de servicios de salud materna, se ven como responsabilidad de un solo individuo. Pero cuando hablas de que estas instalaciones no tienen los servicios adecuados, no tienen el personal adecuado, también puedes hablar de una violencia institucional que el propio sistema está generando contra las mujeres", explica la coordinadora de Incidencia en Políticas Públicas de Amnistía Internacional México Chacel Colorado Piña.
En octubre de 2014 el caso de Irene se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Un año después, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al IMSS y al gobierno de Oaxaca en la que pide la reparación del daño.
El hermano de la víctima afirma que ella ha tenido apoyo del IMSS, que "ha mandado una terapeuta para que le haga movilidad cada mes", pero "no es lo suficiente".
"Hemos tenido varios acercamientos en este momento como Fundar, como representantes de la familia, con las autoridades del IMSS, hasta llegar a una propuesta de indemnización y de reparación porque insistimos en dos cosas: una indemnización pecuniaria para la familia pero también en las medidas de no repetición del daño", relata la Investigadora de derechos humanos del Centro de Análisis e Investigación Fundar, Cecile Lachenal.
Atención médica vitalicia para Irene así como una beca para su hijo son parte de las indemnizaciones que piden en las mesas de diálogo que han comenzado con las autoridades. El caso de Irene ha sentado un precedente en México, un país en donde la identificación de la violencia obstétrica y su acceso a la justicia es un tema aún naciente.