Alrededor de 1.500 profesores universitarios, la mayoría de ellos de Turquía, han denunciado que el Gobierno presidido por Recep Tayyip Erdogan ha puesto en práctica una política de seguridad desde mediados de agosto que restringe ilegítimamente los derechos y las libertades fundamentales, según informa el portal Cuarto Poder. Principalmente estos están siendo conculcados en ciudades y pequeñas localidades que mayoritariamente están pobladas por kurdos.
El llamamiento se dio a conocer hace una semana. En él afirman que el Ejército de Turquía "viola las leyes turcas y los tratados internacionales de los que Ankara forma parte en ciudades como Diyarbakır, Cizre, Silopi, Nísibis, Silvan y muchas otras ciudades y barrios de las provincias kurdas". A este documento de protesta se han sumado otras organizaciones como la Coalición contra la Impunidad, integrada por las principales organizaciones en defensa de los derechos humanos de Turquía.
Según ellas, al menos 150 civiles han muerto en la supuesta campaña antiterrorista turca. Más de la mitad de ellos son mujeres, niños y ancianos. Asimismo, las organizaciones confirman que muchos ciudadanos se han visto afectados por los toques de queda y que al menos 1,3 millones han tenido que dejar sus hogares buscando refugio en otras zonas.