Tras la masacre de San Bernardino (California), que fue perpetrada el pasado 2 de diciembre, el gigante tecnológico Apple y la Oficina Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) se enfrentaron por el acceso al iPhone del terrorista Syed Farook, responsable del atentado, que se llevó por delante la vida de 14 personas.
La empresa fundada por Steve Jobs mostró su desacuerdo respecto a la exigencia de las autoridades: el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, confirmó el 17 de febrero que apelaría la orden de una jueza federal de EE.UU. para desbloquear el teléfono. La firma tiene razones de carácter reputacional y comercial que esta vez coinciden con los intereses no solo de los usuarios del iPhone, sino de cualquier ciudadano.
La activista y política estadounidense Cynthia McKinney afirma en un artículo exclusivo para RT que tal exigencia por parte del FBI supone una violación de la Constitución habitual para la Oficina. El FBI quiere obtener el código del iPhone y así acceder a la información privada de los usuarios, mientras que desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 se muestra incapaz de proteger a los ciudadanos.
El FBI quiere los códigos de iPhone, mientras que desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 se muestra incapaz de proteger los derechos constitucionales.
Las evidencias de la negligencia del FBI por la ley sobran. McKinney menciona el libro 'Tainting Evidence: Behind the Scandals at the FBI Crime Lab', escrito por John Kelly y Philip Wearne, que es una compilación de varios casos de testimonios y análisis falsificados para detener y castigar a personas inocentes.
Además, añade McKinney, no solo los métodos de investigación del FBI provocan dudas, sino la actitud arbitraria y los prejuicios hacia los musulmanes. Los múltiples casos de tiroteos en las escuelas, colegios y oficinas no son calificados como terrorismo, mientras que los crímenes cometidos por musulmanes son investigados con la ambición de comprobar cargos de terrorismo.
Desbloquear un iPhone a petición del FBI con dudosos argumentos será un golpe más a la Constitución estadounidense, cree McKinney. Sentará un precedente y amenazará la seguridad de los usuarios de los teléfonos inteligentes de todo el mundo.