Argentina celebra la decisión de la ONU sobre que amplía el límite de su plataforma marítima en 1.700.000 kilómetros cuadrados, un 35% más que la superficie actual.
La noticia fue anunciada por la canciller, Susana Malcorra, después de que las Naciones Unidas aprobaran la solicitud para una nueva demarcación territorial presentada en 2009. La funcionaria recalcó que se trata de un hecho histórico, pues se reafirman los derechos de soberanía en la zona del Atlántico Sur.
Decisión histórica de la ONU
Esta decisión de la ONU reconoce que las islas Malvinas están situadas dentro del territorio de la República Argentina. De acuerdo con la Convención de la ONU sobre derecho del mar, los Estados rivereños fijan sus límites exteriores en concordancia con varias reglas técnicas y procesuales.
Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido comentó que la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, no analizaba la solicitud de Argentina en relación con las islas en disputa y no está autorizada para resolver las cuestiones respecto a las Malvinas. Londres enfatiza, que no duda sobre su soberanía de las Malvinas y el derecho de los isleños para decidir su futuro.
El director del Observatorio Polar del Centro Argentino de Estudios Internacionales, Sergio Caplan, ha señalado en una entrevista a RT que, geográficamente, las islas Malvinas ahora pertenecen a Argentina y ha destacado que el único argumento que tiene el Reino Unido en la disputa es la fuerza militar.
La solicitud presentada a la ONU durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, fue elaborada con base a un reporte, que Argentina estuvo elaborando durante 20 años.
El territorio sumergido argentino abarcará no solo las Malvinas, sino las islas Georgias del Sur y las islas Sándwich del Sur. El Estado podrá realizar explotación de recursos, actividades mineras y petrolíferas en el territorio recientemente adquirido. Fue precisamente la exploración hidrocarburífera en áreas cercanas a las Malvinas lo que agudizó las últimas fricciones entre Argentina y el Reino Unido. El anterior Gobierno argentino denunció penalmente a varias compañías que operaban en la zona sin la autorización de Buenos Aires.