El Partido Progresista (PP) de Brasil, que formaba parte de la coalición en el poder, ha decidido este martes dejar el Gobierno y ha asegurado que la mayoría de sus miembros y afiliados votará a favor de la destitución de la presidenta del país, Dilma Rousseff, informa el portal Jornal o Globo.
"El partido se retiró de la base aliada (los poderes gobernantes) por decisión de la mayoría", cita el periódico 'Nuevo Herald' a la vocera del partido. No obstante, anteriormente el Gabinete tenía la intención de reconstruir su base en la Cámara de diputados junto con el PP.
El analista político, Carlos Alberto Almeida, por su parte ha comentado a RT, que, en su opinión, quienes apoyan el 'impeachment' quieren favorecer a las multinacionales petroleras, en su mayoría norteamericanas, que ya organizaron agresiones contra Libia, Irak y otros países.
"Eso se está intentando hacer en Brasil, pero sin necesidad de un bombardeo, como hicieron en Libia. Acá lo están haciendo por un golpe parlamentario, con cobertura de un proceso golpista mediático y también una participación de sectores judiciales", afirma el experto. "Es evidentemente la transferencia de riquezas que pertenecen al pueblo brasileño para empresas transnacionales con el apoyo de estos que quieren el 'impeachment' de Dilma", añadió.
Tiempo "de farsa y traición"
Dilma Rousseff, por su parte, tacha de intento de golpe de Estado la decisión de un juicio político en su contra. Además ha dicho que actualmente su país vive un tiempo "de farsa y traición" y ha recalcado que existe un "desprecio al Estado democrático de derecho y a la Constitución" de Brasil.
La mandataria ha apuntado directamente al vicepresidente, Michel Temer, a quien considera uno de los jefes de la conspiración. Según la presidenta, intenta reducir su periodo de mandato. Estas declaraciones las ha efectuado después de que se hiciera público un discurso del vicepresidente en el que hablaba como si ya se hubiese aprobado el proceso de destitución de Rousseff.
Ese mismo día la comisión especial recomendó iniciar un juicio político contra la mandataria, cuyo futuro ahora está en manos de los 513 diputados de la Cámara baja que, en caso de votar afirmativamente, remitiría el asunto al Senado. Sería la última instancia que decidiría el destino de Dilma Rousseff, que podría ser apartada de su cargo por un plazo máximo de 180 días.