El Gobierno de Israel ha sido acusado por la ONG israelí Shalom Ajshav (Paz Ahora, en hebreo) de apoderarse de tierras que pertenecen a una familia palestina de Jerusalén Este para posteriormente entregarlas a una organización sionista radical, informa el periódico israelí 'Haaretz'. Concretamente, se trata del grupo Amana, formado como una rama del movimiento sionista mesiánico Gush Emunim, que alienta a los judíos a establecer asentamientos ilegales en Cisjordania, y está dirigido por Zeev Hever, un terrorista convicto.
¿Por qué se nos prohíbe construir si se permite? Ellos no son los propietarios y yo sí
La entrega de los 3.000 metros cuadrados de terreno fue realizada en 2009 para la construcción de las oficinas centrales de la organización y sin informar a la familia Abu Ta'ah de que su tierra estaba siendo expropiada, redibujando los mapas de propiedad existentes. La publicación asegura que ya han comenzado las obras en el barrio de Sheij Jarrah.
"Cuando mi madre tenía que recibir su estipendio del Instituto Nacional de Seguros le dijeron que no lo recibiría porque tenemos esta tierra. ¿Por qué se nos prohíbe construir si se permite? Ellos no son los propietarios y yo sí. No hay justicia", ha declarado un miembro de la familia Abu Ta'ah. La familia ha presentado una apelación ante el Tribunal Supremo israelí después de que la Corte del Distrito de Jerusalén rechazara su demanda.
En una investigación llevada a cabo a principios de este año, la brigada financiera del Gobierno israelí encontró que 14 de las 15 operaciones realizadas por una filial de Amana fueron fraudulentas. Así, la compañía Al Watan falsificó documentos y realizó traspasos de dinero en efectivo a títeres que se hacían pasar por propietarios de tierras palestinas para que pareciera que las estaban comprando legítimamente.
En 2005, Amana entregó más de 913.000 shekels (poco más de 242.000 dólares) al Gobierno israelí por el uso de una gran franja de tierras en Jerusalén Este que el Estado había expropiado en 1968.
En virtud de una ley aprobada originalmente por la administración británica en 1943, el Gobierno de Israel tiene derecho a expropiar cualquier propiedad privada para fines gubernamentales o públicos, a menudo sin compensación. En la práctica, este poder se utiliza para apoderarse de tierras pertenecientes a palestinos y construir casas para los israelíes.