La inclusión como política de Estado: Así profundiza Bolivia sus políticas sociales

Con un acto en el Palacio de Gobierno en La Paz, el presidente boliviano Evo Morales dio inicio formal al proyecto que busca contratar a personas con capacidades diferentes en dependencias y empresas públicas. De esta forma se les garantiza el derecho al trabajo y la posibilidad de tener un sustento.

En esta primera etapa del Plan Nacional para la Inserción Laboral de las personas con discapacidad, serán 500 los contratados que recibirán una capacitación de seis meses para luego ser incluidos en la planta estable de distintas entidades, según informó el diario boliviano Cambio.

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Serán los Ministerios de Comunicación, Transparencia, Justicia, Autonomías, Presidencia, Educación, Planificación y Salud, los primeros en incorporar a este sector social como trabajadores. Lo mismo harán las empresas públicas Mi Teleférico, Emapa, Sabsa, Quipus, Boa y Comibol, entre otras.

"Las instituciones tienen la obligación de garantizar esta llamada inserción laboral y las ministras y ministros hacen mucho esfuerzo para lograrlo", declaró el presidente Morales.

Por su parte, Gonzalo Trigoso, titular de la cartera de Trabajo, informó que varios ministros visitarán los nueve departamentos del país y se seguirán entregando memorándums de designación "hasta que cada discapacitado tenga un lugar para ganarse su sustento".

El proyecto de ley

Este Plan Nacional para la Inserción Laboral se enmarca en 42 acuerdos alcanzados a fines de abril por las autoridades bolivianas y las organizaciones que representan a las personas discapacitadas. Además de la generación de puestos de trabajo se acordaron puntos relacionados con la educación, la salud y la vivienda.

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Pero quizás el más importante sea el consenso para elaborar un Proyecto de Ley de Inserción Laboral Obligatoria que contemple que las entidades del Estado y las empresas privadas incluyan a esta población entre sus trabajadores.

"Está mesa técnica nacional es para abordar un tema central; la agenda se va a concentrar en el inicio de los planteamientos más generales para el Proyecto de Ley que obligará a las empresas públicas y privadas a cumplir con el 4% de inserción laboral", explicó el ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana.

De esta forma el Estado Plurinacional de Bolivia avanza en la inclusión de ese sector social como ha venido haciendo en la última década. Por ejemplo, con la sanción de la ley 475, la cual garantiza la atención médica gratuita a las personas con capacidades diferentes.

La inclusión como política de Estado

Esta iniciativa no es una excepción para el Gobierno de Evo Morales. Por el contrario, desde que asumió la presidencia en 2006, en Bolivia se han desarrollado distintos planes que buscan fomentar la igualdad y la inclusión de los sectores sociales más desfavorecidos.

Es el caso, por ejemplo, del Bono Juana Azurduy, establecido en 2009. El mismo busca beneficiar a todas las mujeres en estado de gestación sin subsidio de lactancia o seguro médico, y a los niños menores de dos años.

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Asimismo, incluye un incentivo para el uso de los servicios de salud por parte de la madre durante el periodo de embarazo y parto, así como el cumplimiento de los protocolos de control integral, crecimiento y desarrollo del menor.

También, desde su primer año de gestión, Evo Morales ha impulsado el Bono Juancito Pinto, que apunta a eliminar el trabajo infantil y promover el aumento de la matrícula escolar incentivando el ingreso, permanencia y culminación de niñas y niños en las escuelas, especialmente en el área rural y periferia de las ciudades.

En el mismo sentido que los mencionados se inscribe la Renta Dignidad, que busca aportar un sostén financiero a personas adultas mayores de 60 años.

Finalmente se puede mencionar el programa Mi Primer Empleo Digno, que desde 2008 viene garantizando el desarrollo de habilidades de jóvenes de zonas urbanas y periurbanas de bajos ingresos, permitiéndoles encontrar y mantener un empleo formal. Actualmente se lleva a cabo en cinco de los nueve departamentos.

Para la próxima etapa de este plan, que se llevará a cabo entre 2015 y 2020, el Gobierno boliviano invertirá 20 millones de dólares para extenderlo a todo el territorio nacional.