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Contrabando de pena de muerte: así sobrevive la industria de la muerte en EE.UU.

Publicado: 25 may 2016 21:40 GMT | Última actualización: 25 may 2016 21:43 GMT

La lucha activa contra la pena de muerte en el país obliga a las autoridades a buscar nuevos suministros de medicamentos para realizar las inyecciones letales.

La habitación renovada donde se realizan inyecciones letales en la prisión estatal de San Quentin, California (EE.UU.)
La habitación renovada donde se realizan inyecciones letales en la prisión estatal de San Quentin, California (EE.UU.)Reuters
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En los últimos años una veintena de las principales compañías farmacéuticas (la última en añadirse a la lista fue Pfizer) se ha negado a proporcionar a las autoridades de EE.UU. los compuestos que se usan en las inyecciones letales, el sistema de ejecución más extendido en el país. Esta renuncia de las grandes empresas farmacéuticas a colaborar con el sistema penitenciario de EE.UU. ha provocado un déficit de drogas letales y ha obligado al Gobierno a buscar otros proveedores o a encargar los preparados en el extranjero. Esta situación es una consecuencia de la lucha activa contra la pena de muerte en el país, escribe la revista 'Slon'.

Debido al déficit de preparados las autoridades comenzaron a mirar hacia otros proveedores, como pequeñas farmacias que desarrollan medicamentos por encargo. No obstante, en ocasiones la calidad de los compuestos producidos por estas farmacias es cuestionable, como lo demuestra la muerte, hace unos años, de 60 personas a causa de unos esteroides elaborados por una de estas farmacéuticas que resultaron infectados con un hongo.

Otra opción es importar los preparados desde el extranjero, aunque los procedimientos oficiales necesarios dificultan esta posibilidad. Por lo tanto, algunos centros penitenciarios decidieron resolver estos procedimientos de manera extraoficial. Pero ni siquiera así se garantiza el éxito del suministro; el año pasado, por ejemplo, se interceptó un cargamento de tiopental sódico traído ilegalmente a Estados Unidos que tenía como destinatario el Departamento de Correcciones de Arizona. Después de la intervención de varios cargamentos ilegales la prensa llegó a escribir que los organizadores de las ejecuciones se habían rebajado hasta convertirse prácticamente en "traficantes de drogas".

Los proveedores y las recetas dudosas pueden ser origen de fallos durante el proceso de ejecución, y solo en 2014 se produjeron varios. Uno de los más destacados ocurrió en el estado de Arizona, donde a Joseph Wood, condenado por asesinato, le inyectaron una solución experimental de hidromorfona y midazolam (opioides). La ejecución se prolongó durante casi dos horas y el atacante recibió una dosis del preparado 15 veces superior a la normal antes de morir.

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