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Condenas por los crímenes del Plan Cóndor: el dictador Bignone recibe 20 años
Este viernes 27 de mayo se dictó sentencia en la causa por crímenes cometidos en el marco del plan de exterminio coordinado por las dictaduras sudamericanas en la década de 1970.
El Tribunal Oral Federal 1 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Adrián Federico Grünberg, Oscar Ricardo Amirante, Pablo Laufer y Ricardo Angel Basílico (juez sustituto), dio a conocer su veredicto luego de más de tres años de juicio oral en el que declararon más de 200 testigos.
Condenó a 14 exmilitares a penas de entre ocho y 25 años de cárcel.
Los ex comandantes Reynaldo Benito Bignone y Santiago Omar Riveros han sido condenados a 20 y 25 años de prisión, respectivamente, por crímenes de lesa humanidad.
La pena más alta, de 25 años, la recibió el exmilitar Santiago Omar Riveros, de 92 años, el "autor penalmente responsable del delito de asociación ilícita en el marco del denominado Plan Cóndor", según los materiales de la investigación.
Reynaldo Bignone, quien ya cumple varias condenas por crímenes de lesa humanidad, fue el último presidente de facto de la dictadura militar argentina en los años 1976-1983.
Según reseña el portal del Ministerio Público Fiscal de la República Argentina, la acusación es por crímenes cometidos en el marco de la llamada Operación Cóndor, "la asociación ilícita transnacional para la persecución y eliminación de opositores políticos de las dictaduras del Cono Sur".
El juicio sienta un precedente inigualable que contribuye de manera inédita a avanzar en el proceso de verdad y justicia
El fiscal general Pablo Ouviña y la fiscal ad hoc Mercedes Moguilansky requirieron en su alegato final penas para todos los imputados que van de 10 a 25 años de prisión.
Originalmente los acusados eran 22 pero cinco de ellos fallecieron durante el proceso (entre los que se cuenta el dictador Jorge Rafael Videla) o fueron apartados del debate por razones de salud desde el comienzo del juicio.
Un juicio histórico
El juicio se inició en Argentina en marzo de 2013 a partir de cuatro causas que se dieron por separado pero que comparten el objeto procesal. Tres referían a la ya mencionada Operación Cóndor y la cuarta se inscribía en los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención Automotores Orletti (iniciada en el 2004), que era un apéndice de aquél plan de coordinación represiva.
En total contabilizan 174 víctimas de distintos países como Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Además del Ministerio Público Fiscal son querellantes al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y a la Secretaría de Derechos Humanos argentina.
Tal como reseña el diario uruguayo La República el juicio sobre el Plan Cóndor "es un hecho histórico que permite probar de rigor que existió asociación ilícita destinada a la desaparición forzada de personas, a la privación ilegal de la libertad y a la eliminación de opositores políticos".
El periódico añade que "para el Mercosur y la región toda", el juicio sienta "un precedente inigualable que contribuye de manera inédita a avanzar en el proceso de verdad y justicia".
En el mismo sentido, el fiscal general Ouviña declaró: "Nuestra sala de audiencias es idealmente mucho más amplia. Porque la mayoría de nuestros testigos no sólo no residen en la Ciudad de Buenos Aires... Están en Uruguay, en Chile, en Bolivia, en Suecia, en Francia, en Inglaterra, están desperdigados por el mundo".
Documentos clave
Para probar que hubo un plan coordinado de acción represiva entre las distintas dictaduras de América del Sur, las autoridades judiciales debieron recabar información de distintas fuentes. Entre estas se destaca el denominado "Archivo del Terror", que reúne los documentos de la persecución política llevada a cabo por la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay mediante el cual se pudieron reconstruir los acuerdos y los procedimientos que dieron forma a la Operación Cóndor.
No hay duda que Washington tenía conocimiento de la existencia de la operación
A estos se suma el material secuestrado al agente secreto chileno Enrique Arancibia Clavel en Argentina -detenido en 1978 por la Policía Federal en medio del conflicto entre ambos países por el Canal del Beagle- así como cables desclasificados del servicio exterior de los Estados Unidos y los aportados por los equipos de investigación de los ministerios de Defensa e Interior y de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense.
"En principio, la Operación Cóndor nace como una operación de inteligencia", explicó el fiscal Ouviña. Pero luego dio paso a otros intercambios que fueron más allá de la mera información. "Fue un intercambio de información, fue intercambio de personas, de prisioneros, no tener fronteras para nada. Lo único es que sí se pedía autorización. Tenía que haber convenios y, sobre todo, reciprocidad", añadió el funcionario judicial.
Por su parte Gastón Chillier, director ejecutivo de CELS, denunció el papel de los EE.UU. en toda la operación. Para el integrante de este organismo de derechos humanos no hay duda que Washington "tenía conocimiento de la existencia de la operación e incluso proporcionó una estación de comunicaciones en Panamá para los servicios de inteligencia de las seis naciones involucradas".
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