El fallo de la Corte Suprema de EE.UU. en contra de Puerto Rico da otra estocada a la débil economía del territorio caribeño y evidencia el drama de un territorio sin soberanía.
Esto es prácticamente un jaque mate a la economía del país
"Esto es prácticamente un jaque mate a la economía del país porque EE.UU. dice que no pueden declararse en bancarrota, a pesar de ser territorio norteamericano, pero tampoco tienen capacidad de tomar decisiones propias para reestructurar su deuda. Es una cuestión absurda", considera el doctor en economía Javier Rodríguez, en declaraciones a RT.
Puerto Rico adeuda más de 72.000 millones de dólares. El gobernador Alejandro García Padilla ya ha dicho que no podrán cumplir con compromisos de 2.000 millones adicionales en julio, por lo que ha augurado una "crisis humanitaria" para la isla, donde habitan 3,5 millones de personas.
La ley de quiebra criolla, vetada hoy por la Corte Suprema y presentada en 2014 por legisladores puertorriqueños, pretendía renegociar la deuda con los acreedores mediante un proceso eficiente, que permitieran saldar compromisos por el orden de los 20.000 millones de dólares con empresas de servicios públicos.
El argumento de la Corte es que Puerto Rico no puede promulgar su propia ley por ser un Estado Libre Asociado, en vista de que una modificación en el Código de Bancarrota hecha en 1984 excluyó de esa posibilidad a territorios como la isla caribeña. Para Rodríguez, esa postura sólo demuestra "el modus operandi del colonialismo financiero para asfixiar cualquier alternativa soberana".
La decisión de la Corte muestra que el gobierno estadounidense es profundamente antidemocrático
"La decisión de la Corte muestra que el gobierno estadounidense es profundamente antidemocrático porque impide cualquier iniciativa legislativa que salga de Puerto Rico y, al mismo tiempo, son incapaces de plantear un rescate. Si la isla es un estado más, quien debe pagar la deuda es el Gobierno Federal", apunta Rodríguez.
Mientras se tranca la jugada propuesta por la isla, avanza en el Congreso un proyecto -avalado por el presidente Barack Obama- para plantear la reestructuración de la deuda. El detalle de fondo es que la iniciativa fija una ruta que incluye la intervención de una junta fiscal norteamericana que "supervise" el proceso, lo que implica la injerencia de Washington en las políticas económicas que se apliquen en la isla en caso de un rescate.
"Ningún paquete de rescate se aplica sin perder soberanía. En este caso, creo que el Congreso está pasándole factura a Puerto Rico por el referendo", considera el economista venezolano en referencia a plebiscito no vinculante de 2012, en el que se refrendó la posibilidad de que la isla dejara de ser Estado Libre Asociado: 61% votó por la estadidad, 33% por mantener su condición actual y el resto avaló la independencia.
Por ahora, la única vía sin escollos para la reestructuración de la deuda parece ser la del Congreso, que le da a Obama la última palabra para designar quiénes integrarían la junta fiscal que ejercerá el tutelaje sobre Puerto Rico.
El pasado sábado, refiere la agencia Prensa Latina, Obama dijo que se comprometía a "asegurar que los puertorriqueños" estén representados en el proceso pero dejó claro que sería desde Washington donde se tomarían "las medidas que mejor le sirvan a la isla".
Sin embargo, fue enfático en que la ley propuesta por el Congreso "no le costará un centavo a los contribuyentes federales" y "no incluye rescates financieros dirigidos a intereses especiales".
La declaración es elocuente: en la Casa Blanca no contemplan la posibilidad de destinar poco más de 70 millones de dólares -que curiosamente representa apenas 0,01% del mega rescate de 700.000 millones de dólares otorgado a los bancos responsables de la crisis de 2008- para darle un respiro a la isla en plena emergencia financiera.
Nazareth Balbás