Pueblos campesinos, iglesia e integrantes del pueblo originario wixárika, conocido comúnmente en México como huichol, frenaron parcialmente el proyecto de un basurero tóxico que, de realizarse, afectaría la región del Altiplano del estado central de San Luis Potosí, incluida la ruta de peregrinaje ancestral sagrada conocida como Wirikuta.
"De ahí descendemos nosotros. Lo vemos como el corazón de nosotros mismos. Un niño es llevado ahí como los católicos van a la Basílica de Guadalupe", dice en entrevista con RT el comunero wixárika Trinidad Chema.
El comunero, coordinador de la Mesa de Arte y Cultura del Consejo Regional de Wirikuta, explica que su pueblo está preocupado por el Confinamiento de Residuos Tóxicos Palula, nombre oficial del proyecto, que se encuentra en una enorme propiedad, casi un latifundio, del empresario José Cerrillo Chowell.
El confinamiento encuentra a cargo del Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula SA de CV (CITSU). Anualmente recibiría 185.000 toneladas de residuos industriales producto de la minería como el cianuro y el mercurio.
Cerrillo Chowell, exdirigente de la Cámara Minera de México, pidió permiso para construir el vertedero en un terreno de 600 hectáreas en el municipio de Santo Domingo, aunque la instalación solo requiere de 20 hectáreas. Pueblos de los municipios colindantes de Cerda, Charcas, Guadalcázar y Catorce ya manifiestan su temor a los escurrimientos contaminados que podría originar el basurero.
"El agua envenenada llegaría a Real de Catorce, donde recolectamos el jícuri. Hacemos esta defensa del agua y la vida porque debemos llevar el agua de esta región a los lugares donde provenimos", explica Trinidad.
Este pueblo originario es famoso por sus coloridas vestimentas y artesanías y por el uso ritual y medicinal del jícuri o peyote, una cactácea de propiedades alucinógenas.
"Contamos con cinco puntos de peregrinación, pero donde llegan más peregrinos es a Wirikuta, porque ahí se encuentra su medicina tradicional. Ahí apareció el sol y el venado azul", cuenta Trinidad Chema.
Wirikuta pertenece a la Red Mundial de Sitios Sagrados de la UNESCO desde 1994 y fue nombrado Área Natural Protegida por el gobierno de San Luis Potosí en 1998.
En septiembre del 2013 el pueblo wixárika, aliado con artistas y organizaciones ecologistas, logró la suspensión de diversas concesiones mineras otorgadas en 2010 por el Gobierno federal a las empresas canadienses First Magestic, Universo y a la firma mexicana Frisco, propiedad del hombre más rico de México, Carlos Slim.
"Tenemos paradas las concesiones mineras, pero ahora también queremos ser parte de la defensa en contra del basurero", explica Trinidad Chema.
Además del pueblo wixárika, campesinos del municipio de Santo Domingo serían directamente afectados por el confinamiento.
Afecta todo, la salud, los animales y el aire, que no tiene fronteras
Manuel Villanueva, nativo del lugar, explica a RT que se enteraron del problema en 2015, pero el proyecto existía desde el 2012. Sus impulsores intentaron primero ganarse la confianza de la población local con dádivas como licuadoras, pintura, piso, cemento. Solo más tarde les informaron de la construcción de un basurero, pero de aceites y estopas. Entonces ellos buscaron quién los asesorara, conformaron un comité y junto con la diócesis de Matehuala se enteraron del verdadero carácter del proyecto.
Villanueva explica que el Altiplano es una región de lluvias fuertes y atípicas. La parcela que él posee es de 150 metros y en pocas horas de lluvia el agua llega a más de un metro. Toda esa agua va a dar a Wirikuta. Más de 40 ejidos y propiedades están en un radio de 100 kilómetros cercanos al basurero.
"Afecta todo, la salud, los animales y el aire, que no tiene fronteras. Y mantos acuíferos que no son profundos, pues los pozos de agua están a tres y cuatro metros", explica.
Victoria parcial
En entrevista para RT, el abogado Guillermo Luévano, de la Clínica de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis, aclaró que después de que habitantes de Santo Domingo promovieran un amparo, un juez invalidó los permisos que las autoridades del municipio de Santo Domingo y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgaron para la construcción del confinamiento.
Sin embargo, el proyecto no está cancelado totalmente, pues el juez todavía no emite una sentencia. A cambio, el basurero no puede comenzar a operar.
Luévano detalla diversas irregularidades para la aprobación del proyecto: falta de consulta a la población, falta de un estudio ambiental regional por el tamaño del proyecto y la falsificación de actas de asamblea. Además, el proyecto no tiene un plan de contingencia ambiental y el polígono que autoriza la Semarnat en 2014 está fuera del estado.
"No debemos bajar la guardia, el que se gane el amparo no nos libera del problema", dice Villanueva.
Y culmina: "¿Estamos acostumbrados a salir adelante solos, el Gobierno no nos da nada. Creemos en lo que hay ahí, en ese lugar que tiene un valor: el arraigo a la tierra".
Al-Dabi Olvera