¿Estarías dispuesto a trabajar por un salario inferior a la prestación por desempleo? ¿Y por el Salario Mínimo Interprofesional? Éstas son algunas de las preguntas que los orientadores de las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid hacen a los demandantes para priorizar a unos candidatos frente a otros. Así lo publica este jueves Diagonal a raíz de una información a la que ha tenido acceso en colaboración con La Marea y eldiario.es, a través de una filtración a la plataforma filtrala.org.
El cuestionario figura como anexo de un documento titulado "Instrucciones técnicas de orientación para el empleo", fechado el 23 de junio, y firmado por la entonces directora general de Empleo de la Comunidad de Madrid, Lourdes Martínez Marcos.
"No es moral que el servicio público haga este tipo de preguntas. Una cosa es que quieran saber cuál es la situación de los demandantes en cuanto a sus conocimientos y su situación laboral, para saber si necesitan formación o pueden trabajar en un determinado sector u otro, y otra muy distinta es una serie de preguntas que no sabemos cuál es su fin: si realmente es conocer la situación o discriminar y eliminar a aquellas personas que están en peor situación para encontrar un empleo", critica a RT Mari Cruz Elvira, Secretaria de Políticas de Empleo del sindicato Comisiones Obreras (CCOO).
Un cuestionario dirigido a aceptar condiciones laborales peores
Según publican estos medios españoles, desde el 23 de junio de 2015, los orientadores laborales de las oficinas públicas de empleo de la Comunidad de Madrid realizan un test a las personas que demandan un trabajo. A través de este cuestionario determinan una puntuación para priorizar a unos candidatos por encima de otros, teniendo en cuenta las respuestas que den a 22 preguntas sobre sus expectativas laborales y sus aptitudes.
De esta manera, el orientador laboral rellena este documento sumando y restando puntos a los demandantes de empleo. Por ejemplo, el cuestionario premia con dos puntos a aquellas personas que estén dispuestas a cobrar hasta dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (entre 655,20 a 1.310,40 euros brutos al mes), pero no tienen en cuenta en ningún momento la categoría profesional del demandante. Además, concede dos puntos positivos a aquellos que estén de acuerdo en aceptar un trabajo con un salario inferior a la prestación por desempleo que estuviera recibiendo, mientras castiga con un punto negativo a los que pretendan tener un sueldo mayor a la cuantía de su paro.
"Es un documento privado que dice muchas cosas de cómo están realmente atendiendo a las personas desempleadas", valora la sindicalista. A Comisiones Obreras les preocupa que haya preguntas que determinen si el demandante de empleo está dispuesto o no a trabajar por menos salario, "cuando lo que tendrían que ver es que aquellas ofertas que llegan a los servicios públicos fueran ofertas de calidad donde hubiera unos derechos del trabajador y un salario digno". Con este tipo de preguntas, según Elvira, los demandantes de empleo podrían sentirse amenazados y pensar: "si no acepto unas condiciones peores me van a penalizar".
Disponibilidad para la movilidad, el tipo de jornada y el tipo de contrato
El cuestionario concede cuatro puntos positivos a los que estén dispuestos a moverse, incluso fuera de España, mientras penaliza con tres puntos negativos a los que busquen trabajo sólo en su localidad. Una situación que estaría penalizando, por ejemplo, a aquellas madres desempleadas con hijos que necesiten trabajar en su ciudad para poder conciliar su vida familiar.
Además, si el trabajador está dispuesto a trabajar con una categoría inferior a la suya, suma dos puntos, mientras que si muestra su rechazo, resta uno. La disponibilidad para trabajar en cualquier jornada y con cualquier tipo de contrato también son premiadas en el cuestionario.
"Estos subterfugios, que además no son públicos, nos parecen que lo que hacen es jugar con las necesidades de la gente y no sirven para lo que un servicio público de empleo debe servir: para facilitar a las personas desempleadas un puesto digno y además en buscar las condiciones", afirma la responsable de Políticas de Empleo de Comisiones.
La privatización de la búsqueda de empleo
El sindicato denuncia que una parte de la conocida como "intermediación", entre servicios públicos de empleo y demandantes, se esté derivando a empresas privadas: "Son los servicios públicos los que realmente deben hacer esa labor de facilitar a las personas desempleadas un empleo y, además, con las mayores garantías posibles y con las mejores condiciones posibles".
Comisiones Obreras se reunirá con las instituciones madrileñas correspondientes este mes de julio para revisar el funcionamiento del Servicio Público de Empleo en la Comunidad de Madrid. "Queremos que los servicios públicos de empleo no solo se dignifiquen, sino que además se fortalezcan para que realmente atiendan en condiciones óptimas a las personas desempleadas", afirma.
Para Elvira lo importante es denunciar la imagen que se pretende dar de aquellas personas que actualmente no tienen un empleo en España: "Hay un descrédito hacia las personas desempleadas, por parte de aquellos que dicen que mientras están cobrando el paro no quieren trabajar. Nosotros atendemos a muchas personas desempleadas, y las personas lo que quieren es trabajar, seguir cotizando, tener un trabajo digno, no estar viviendo de una prestación por desempleo", concluye.
María Jesús Vigo Pastur