Tres empresas subsidiarias de Philip Morris buscaban evitar la aplicación de ciertas restricciones a la publicidad y las condiciones de venta de cigarrillos y otros productos de tabaco que Uruguay implementa desde el año 2006. En febrero del 2010 presentaron una demanda al Centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones (Ciadi), un órgano judicial dependiente del Banco Mundial.
Los empresarios estimaron originalmente la suma de su reclamación judicial en 25 millones de dólares: las autoridades uruguayas los deberían pagar como una indemnización por obstaculizar el libre comercio con sus políticas antitabaco. Ahora los demandantes deberán abonar a la parte demandada 7 millones de dólares y serán responsables de todos los honorarios y gastos del tribunal y los abogados.
Fue la primera vez que una empresa tabacalera demandaba a un Estado ante un foro internacional, recuerda la BBC. Después de años de peritajes y audiencias, el litigio ha concluido con un fallo completamente favorable al país sudamericano.
El letrado Paul Reichler, que representó durante el proceso los intereses uruguayos, ha calificado la decisión de "histórica" y "una enorme victoria en la lucha por la salud pública". En su opinión, podría servir como precedente a los países que deseen luchar "contra el flagelo del consumo de tabaco".
Comentario del presidente Tabaré Vázquez
La misma idea de precedente es una de las claves que aparecen en una declaración al respecto emitida por la Presidencia de Uruguay.
"Desde ahora, cuando las tabacaleras intenten moderar las regulaciones del convenio marco con la amenaza de un litigio, se encontrarán con nuestro precedente", dijo Tabaré Vázquez en su discurso televisado.
El mandatario destacó también que su país "ha salido ganancioso y las pretensiones de las tabacaleras han sido rotundamente rechazadas". Recordó que el tabaquismo "ha matado a más personas que las que murieron en los conflictos bélicos que el mundo padeció en el siglo XX" y que además de esta razón, el país "defendió su poder soberano para dictar normas de advertencias sanitarias".