La Asamblea Nacional, conformada mayoritariamente por parlamentarios de la oposición venezolana, aprobó un informe para anular la designación de los magistrados del Poder Judicial.
"Ningún poder puede derogar a otro poder. Estamos en medio de un Golpe de Estado, propiciado por el Parlamento, que tiene por objeto desestabilizar la República, en un momento en que el presidente (Nicolás) Maduro está haciendo grandes esfuerzos por superar la guerra económica y llamar al diálogo (...) Esto es un nuevo atentado a la Constitución", considera el abogado constitucionalista, Hermmán Escarrá.
Durante su intervención en el hemiciclo, el diputado conservador Carlos Berrizbeitia aseguró que la derecha debía "recuperar" el Tribunal Supremo de Justicia, a su juicio "politizado" a favor del gobierno, y por ello planteó anular la selección, designación y juramentación de los magistrados que lo conforman, y nombrar un nuevo comité de postulaciones.
Nulo de toda nulidad
Ante ese escenario, ¿qué prevé hacer el Ejecutivo? Para Escarrá, la respuesta es simple: lo que es inconstitucional es inmediatamente nulo de toda nulidad, es decir, no existe.
"Los magistrados van a seguir siendo magistrados, van a seguir tomando decisiones y ellos (la oposición) seguirán haciendo una especie de juego de sombras que no tiene asidero ni en la realidad ni en el orden constitucional", puntualiza el jurista que también participó en el proceso Constituyente que dio origen a la Carta Magna vigente desde 1999.
Escarrá recordó que para que ocurra la remoción de un magistrado debe demostrarse primero que incurrió en una falta grave, y esa es una acción que debe ejecutar el Poder Ciudadano y no el Parlamento.
"El parlamento no es un tribunal, no tiene jurisdicción (...) Cualquier procedimiento de nulidad se lleva a una sede jurisdiccional Constitucional, de ninguna manera al Parlamento", puntualiza el abogado.
Adicionalmente, refiere Escarrá, "el tiempo para impugnar ya terminó" y, transcurrido ese lapso, "la decisión que se produjo quedó firme". La única manera de renovar a los magistrados de la Sala es que se venza el plazo constitucional o se active el mecanismo de remoción a través del Poder Ciudadano.
¿Crisis de poderes?
La bancada socialista calificó la propuesta como un "carmonazo", en alusión al decreto firmado por el empresario de derecha Pedro Carmona Estanga que disolvió todos los poderes después de perpetrar el golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002.
El diputado chavista Edwin Rojas fue enfático al recordar que el Parlamento no tiene facultades para actuar por encima del Poder Judicial y que, "para remover magistrados debe haber calificación de falta grave", refiere El Tiempo.
No obstante, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, que ha hecho caso omiso a los llamados expresos al diálogo, aseveró al final de la presentación del informe: "Que (en el TSJ) prendan la máquina de hacer sentencias que nosotros no vamos a acatar ninguna".
El TSJ ha declarado inconstitucionales 14 leyes aprobadas por el Parlamento opositor en lo que va de año.
Para Escarrá, quien también integra la Comisión por la Verdad, Justicia y Reparación de Víctimas, la movida de la derecha sólo pretende "generar violencia, profundizar la conflictividad y debilitar la propuesta del diálogo impulsada por el presidente".
Sin embargo, agregó: "El país nacional está pidiendo un diálogo y en esa dirección se conduce el presidente Maduro, a un diálogo sin condicionamientos, aunque yo creo que debe haber una condición: los principios, valores y normas de la Constitución".
Nazareth Balbás