Durante la campaña electoral que la catapultó a su segunda presidencia, Michelle Bachelet prometió atender los reclamos estudiantiles en torno a la educación en todos sus niveles. Las históricas protestas de 2011 tuvieron su correlato en los años siguientes y, al día de hoy, sigue siendo un tema en la agenda pública.
A comienzos de julio se ingresó al parlamento un proyecto de ley propuesto por la jefa de Estado para reformar la educación superior. Si bien desde el gobierno se afirma que esta legislación abarca las demandas planteadas por la comunidad educativa, los estudiantes sostienen que no es así.
El diputado del Movimiento Autonomista y ex dirigente estudiantil Gabriel Boric señaló que "el proyecto es muy insuficiente" y pone de manifiesto "una actitud permanente y muy consciente de construir las reformas de espaldas a las mayorías y respondiendo a intereses muy particulares, principalmente los del gran empresariado".
¿En qué consiste la reforma?
En su espíritu la iniciativa contempla garantizar la calidad en las instituciones de educación superior, con énfasis en la equidad y la inclusión. Además prevé crear la Subsecretaría de Educación Superior dependiente del Ministerio de Educación. A ella se sumarán la Superintendencia de Educación Superior, la que tendrá como principal función fiscalizar el sistema, y el Consejo para la Calidad de la Educación, que reemplazará a la actual Comisión Nacional de Acreditación (CNA).
También se reconoce que el sistema será mixto en el cual coexistirán instituciones privadas, instituciones no estatales con vocación pública e instituciones estatales. Sobre este aspecto si bien no se tipificó el lucro como un delito, se mantiene la prohibición de que las instituciones desvíen fondos. Por este motivo se prohíbe la participación de personas jurídicas con fines de lucro en las instituciones de educación superior y se exige que todos los recursos de la institución de educación superior sin fines de lucro se destinen a sus objetivos educativos. Asimismo se busca crear un un fondo especial para para las instituciones estatales que busque su fomento.
No obstante, uno de sus puntos más cuestionados es el relacionado a la gratuidad.
La gratuidad en debate
Según el borrador enviado, la educación superior gratuita estará atada a la ley de presupuesto y, por el momento, podrán acceder a ella quienes se ubiquen en los cinco primeros deciles de menores ingresos. Se busca extender este beneficio a los alumnos de Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP).
Para 2018 se prevé hacer extensiva la gratuidad a los estudiantes pertenecientes al sexto decil. Luego, la progresión estará condicionada al cumplimiento de determinados indicadores económicos.
En concreto, para llegar al séptimo decil será necesario que durante dos años consecutivos los ingresos fiscales estructurales representen al menos un 23,5% del Producto Bruto Interno (PBI). Así se construye una escala progresiva -que siempre requiere por lo menos dos años de estabilidad- donde la gratuidad absoluta se podría alcanzar cuando se llegue al 29,5% del PBI.
La Reforma que no reforma
Desde la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) recordaron que el planteo del movimiento estudiantil "demanda gratuidad universal para todos y todas y la eliminación del Crédito con Aval del Estado (CAE)". El portal El Ciudadano señaló que, como contracara, "el Ministerio de Educación establece en su proyecto gratuidad condicionada y gradual, junto con mantener las becas, el crédito y el CAE".
"Analizando la realidad, tanto en educación superior como secundaria, más que un sistema mixto, es un sistema privado con apéndices públicos", analizó Recaredo Gálvez, ex dirigente estudiantil de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción.
Por su parte Patricio Medina, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, cuestionó que "la gratuidad no se puede ir estableciendo en en relación al PBI" ya que "no se plantea ningún plazo y todo queda en la medida de lo posible o al arbitro del mercado".
Del lado de los rectores, Ennio Vivaldi que está al frente de la Universidad de Chile y preside el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech), fue tajante: "Es un proyecto paupérrimo desde el punto de vista de procurar dar garantías, que es lo que los jóvenes están pidiendo, de que van a tener una educación de calidad, tampoco ayuda a que Chile vuelva a tener un sistema público de universidades, que eran los dos grandes temas que se quería que esta reforma resolviera".
La educación sigue siendo una mercancía
"Los proyectos de reforma educacional que se gestan en el gobierno de Bachelet son más que nada un buen eslogan, que sólo se quedan en el titular", dijo el periodista chileno José Robredo en diálogo con RT. Y explicó que "en el fondo sólo responden a los intereses económicos que se han hecho de la educación en el país".
Según Robredo "ni este gobierno, ni ninguno que provenga del bipartidismo que administra el poder en Chile hace 26 años tiene la intención de establecer a la educación como un derecho social". Para el periodista "estos gobiernos lo siguen viendo como una mercancía".
"De esta forma, no habiendo un cambio conceptual, e incluso ideológico, no cabrá la realización de reformas profundas y transformadoras", concluyó.
Santiago Mayor