'Esclavos del franquismo': España no ha reparado aún a los presos políticos

En España, más de 400.000 presos políticos fueron utilizados como mano de obra esclava durante el régimen franquista. Recluidos en campos de concentración, asociaciones e historiadores denuncian que ni el Gobierno de España actual ni las empresas que se beneficiaron de ellos han reconocido públicamente este hecho a diferencia, por ejemplo, de Alemania con el nazismo. 

El Valle de los Caídos es un conjunto monumental situado en el valle de Cuelgamuros (Madrid) erigido por Francisco Franco. En él reposan actualmente sus restos. Fue construido entre 1940 y 1958 por trabajadores comunes pero también por presos políticos empleados como mano de obra esclava.

Uno de ellos, el historiador Nicolás Sánchez Albornoz, famoso por ser una de las dos únicas personas que pudieron fugarse de allí, asegura que las condiciones eran muy duras sobre todo en cuanto a la alimentación, mermada por oficiales y transportistas corruptos. Franco fue, tras Hitler, el dictador con más campos de concentración en Europa.

"Una política de violencia represiva"

"Buena parte de las políticas de construcción de la postguerra están hechas con mano de obra forzosa de prisioneros de guerra. Estos prisioneros provienen de campos de concentración que nacen con la lógica de superponer una política de violencia represiva, de transformación y de reeducación a esta lógica del aniquilamiento y la eliminación directa", explica el historiador Javier Rodrigo.

"Por orden casi de preferencia, el mayor beneficiado es el Estado, en todas sus variables. El segundo gran beneficiado es la iglesia, que llega a acumular cientos y cientos de presos repartidos por toda España restaurando edificios, construyendo otros nuevos, etc. Y las empresas, que hoy no se llaman como se llamaban entonces (...) Acciona, Agroman, la empresa del presidente del Madrid, Dragados y Construcciones… todas en aquellos momentos tenían presos [trabajando en sus obras]", explica Cecilio Gordillo, coordinador del Grupo Recuperando la Historia Social de Andalucía de la Confederación General de Trabajadores.

Asimismo, historiadores y asociaciones memorialistas reprochan la falta de investigación judicial en España sobre lo sucedido. "Los bufetes, como empresas, no le van a meter mano nunca a los que mandan en este país (...) entre otras cosas porque muchos de ellos están vinculados a esas propias empresas de una manera u otra", añade Gordillo.

40 años después del final de la dictadura sigue habiendo sombras en ese episodio de la historia reciente de España. Por ejemplo, la ausencia de reparación a las víctimas y sus familias.