Entre 2011 y 2015, un "escuadrón de la muerte" en Perú habría asesinado premeditadamente a personas para luego presentarlas como "abatidas" en crímenes de alto calibre.
El ministerio de Interior de ese país aseguró que agentes de la policía habrían ideado el mecanismo de ejecuciones extrajudiciales "para obtener beneficios profesionales y económicos", refiere El Comercio. Por cada asesinato, los "colaboradores" recibían 500 soles, equivalentes a unos 150 dólares, y podían optar a ascensos.
Las conclusiones del caso, divulgadas por el viceministro de Orden Interno, Rubén Vargas, indican que hay "serios indicios" de la existencia de una agrupación irregular formada por 16 oficiales y 80 suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), que serían responsables de la muerte de 27 personas, asesinadas en "enfrentamientos" impostados entre 2011 y 2015, refiere La República.
Vargas recalcó que, de acuerdo a las pesquisas de una investigación que empezó el año pasado producto de denuncias por abusos de poder, los policías "habrían simulado enfrentamientos y asesinado a personas por lo menos en seis casos". Todos los implicados están ideantificados y los expedientes fueron pasados a Fiscalía.
"Es uno de los hechos más atroces en la historia de Policía. Ratifico mi rechazo y profundo desagrado sobre lo ocurrido", dijo el lunes pasado el ministro de Interior de Perú, Carlos Basombrío, citado por El Telégrafo.
Según el diario El Confidencial, un grupo de informantes civiles recibía pagos del comandante Enrique Prado Ravines para incentivar a delincuentes a cometer delitos de baja sanción penal y, luego, filtrar esa información a los policías quienes "sorprendían" en el hecho a los maleantes.
Ese modus operandi le permitía a los efectivos presentar enfrentamientos premeditados como si hubiesen sido procedimientos de alto riesgo, lo que les generaba inmediatamente reconocimientos en su carrera o incentivos monetarios. En 2015 varios oficiales implicados en el escándalo fueron condecorados por su lucha contra el crimen.
Ravines se ha declarado inocente del hecho. El exministro de Interior, José Luis Pérez, quien estaba en funciones en el período investigado, dijo a El Telégrafo: "No conozco nada sobre el caso, no he escuchado nada".
Las ciudades de Lima (capital), Chincha (sur de Lima) y Chimbote (costa norcentral), detalla El Comercio, fueron los escenarios para esas operaciones preparadas que pretendían mostrar a funcionarios como "triunfantes" en operaciones contra la delincuencia.
Según el Latinobarómetro, Perú es la nación con mayor tasa de victimización por delincuencia en la región, refiere El País. No obstante, la simulación de las ejecuciones extrajudiciales no es una mácula exclusiva de ese país. En Colombia, por ejemplo, todavía siguen los procedimientos que buscan esclarecer los crímenes denominados "falsos positivos".
Una organización defensora de los derechos humanos, citada por Telesur, indice que unas cuatro mil personas fueron asesinadas por militares y policías colombianos, y sus cuerpos fueron presentados como insurgentes muertos en combate a cambio de ascensos y retribuciones monetarias.
En ese sentido, la periodista Doris Aguirre destaca que en un Estado de Derecho como es Perú, lo revelado es un mal precedente y señala que los policías no pueden salirse del marco de la ley.
Nazareth Balbás