¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Los colombianos dirán sí o no a esa pregunta el próximo 2 de octubre.
La pregunta del plebiscito fue difundida este martes mediante el decreto 1391. Aunque sectores de la oposición criticaron la supuesta falta de "neutralidad", ese será el cuestionamiento que aparecerá en la boleta electoral preparada para la consulta que puede poner fin o no al único conflicto armado que sigue vivo en la región, refiere el diario El Tiempo.
La posibilidad de cesar la política de los fusiles es una opción en ciernes, sin embargo, no todos la respaldan. ¿Cuáles son los argumentos que esgrime el lado que se opone al acuerdo?
¿Inconstitucional?
La figura más visible de la opción del "no" es el expresidente de Colombia y actual senador, Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático. Hoy el parlamentario aseguró que habían recolectado más de un millón de firmas para oponerse al Acto Legislativo para la Paz.
Según Uribe, demandarán los acuerdos de paz ante instancias internacionales por considerar que "violan los derechos y la Constitución", señala El Espectador. Los sectores más radicales de Colombia argumentan que el acto legislativo pretende sustituir la Carta Magna vigente porque establece mecanismos más rápidos para el trámite de leyes que hagan viables los pactos con las Farc.
"Nosotros esperamos hacer una campaña para convencer a los colombianos que el mejor camino para lograr la paz es votar NO en el plebiscito", agregó por su parte Óscar Zuluaga, citado por el mismo diario.
Jugada de Uribe
Aunque una corriente del Centro Democrático, encabezada por el precandidato presidencial Carlos Holmes Trujillo, había promovido la abstención en el plebiscito, Uribe decidió decantarse por hacer campaña para el "No".
El gobierno de Juan Manuel Santos se muestra confiado en que pueda ganar la opción del "sí", no sólo por la posibilidad de que cese el conflicto, sino porque significaría un aire a su gestión, ante una desinflada popularidad que roza el 30%. La apuesta del partido de Uribe -la principal ficha de oposición- es contarse para no quedar al margen de la consulta.
La decisión pareció lógica después de los traspiés del Centro Democrático. Mientras las negociaciones entre el gobierno y las Farc avanzaban, Uribe tuvo que suspender la recolección de firmas que invitaban a la "resistencia civil" contra los acuerdos, porque no recaudaron ni un millón de rúbricas aunque se habían propuesto una meta de cuatro millones. No participar en el plebiscito habría significado perder espacios en la contienda política.
"La idea de invitar a votar por el No en nombre de la paz es difícil de vender. Pero Uribe es un maestro de la comunicación", sostiene un análisis de Semana. Según la revista, la apuesta del ex mandatario no se limita al plebiscito, sino que busca proyectarse a las presidenciales del 2018: Si gana el No, él se adosa un buen capital político. Si pierde, también.
A principios de agosto, Uribe fue enfático en su postura: "Emprendemos la campaña por el No al Plebiscito porque con la impunidad no muere el odio sino que nacen más violencias; porque estas niegan a las víctimas el derecho a la no repetición de la tragedia; porque la Farc con sus delitos premiados, justificados y sin arrepentimiento, impide a muchos colombianos sentir el alivio espiritual del perdón", dijo citado por El Universal.
Las medias tintas
Los puntos más repetidos por quienes se oponen a los acuerdos tienen que ver con tres aspectos: la llamada justicia transicional, la participación de las Farc en la vida política del país y la supuesta impunidad de los miembros de la guerrilla que hayan participado en delitos de lesa humanidad.
Sin embargo, a la luz del acuerdo de 297 páginas que fue enviado al Congreso, esas afirmaciones son falsas. Lo pactado establece la creación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición para impedir la impunidad "combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y a territorios enteros".
De igual forma, la participación política de las Farc está condicionada a la completa dejación de armas, en un proceso que será supervisado y acompañado por organismos internacionales. Una vez que cumplan ese requisito y se ajusten a las disposiciones de ley para convertirse en partido, el movimiento podrá medirse en los comicios de 2018 y 2022. El acuerdo garantiza una participación mínima de cinco senadores e igual número de legisladores en la Cámara de Representantes, explica El Espectador.
Por último, el acuerdo reitera que los delitos de lesa humanidad no estarán sujetos a ningún tipo de amnistía, indulto o beneficio procesal, de conformidad a los numerales 40 y 41 del documento, cuya firma definitiva podría ser a finales de septiembre en Naciones Unidas, informó este martes la canciller colombiana, María Ángela Holguín.
Paramilitares sí, guerrilla no
La guerrilla no sería el primer grupo irregular en desmovilizarse. Durante el gobierno de Álvaro Uribe se emprendió el proceso para desarticular a las Autodefensas Unidas de Colomia (AUC), un grupo paramilitar responsable de más de 58% de las masacres registradas en ese país y el 42% de las desapariciones forzadas, de acuerdo a los datos del Grupo de Memoria Histórica.
La desmovilización implicó amnistías y beneficios procesales para los grupos ilegales que perpetraron 1.666 masacres contra la población civil. La mortífera cifra está muy por encima de las bajas ocasionadas por la guerrilla en ese mismo período (343) e implicó la reincorporación de más de 30.000 paramilitares a la vida civil, en un proceso que no ha estado exento de cuestionamientos.
Las víctimas, que en su mayoría aún no han recibido ningún tipo de reparación, lamentan la extradición de jefes paramilitares a EE.UU. porque sólo son juzgados por delitos como el narcotráfico y no por los crímenes de lesa humanidad. Salvatore Mancuso, quien en la actualidad está en una cárcel norteamericana, es ejemplo de ello: después de haber confesado su participación en el asesinato de 336 personas, fue beneficiado por la ley de Uribe y sólo cumple condena por tráfico de drogas.
En 2012, Mancuso aseguró que había financiado la campaña de Uribe a la reelección en 2006. ¿Por qué el ex mandatario y sus acólitos se opondrían a la desmovilización de la guerrilla si parecieran procesos similares? La respuesta está en el origen: El paramilitarismo nació para combatir a las Farc.
Nazareth Balbás