La firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) incluyó la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz para juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto. Amparado en ese marco jurídico la sala de justicia y paz del tribunal superior de Bogotá decidió iniciar una investigación contra distintas empresas nacionales e internacionales.
En concreto la sospecha radica en que compañías como Postobón, Ecopetrol, Coca-Cola, Argos, Ingenio San Carlos, Indupalma, Leonisa, Coltejer, Envigado Fútbol Club; Carbones La Mirla, Arroceras Galves, Pinturas El Cóndor, entre otras financiaron el conflicto armado. La investigación buscará desentrañar si estas empresas realizaron pagos bajo presión o para favorecer sus propios intereses.
El conflicto es político
Si bien lo que se conoce de la guerra interna colombiana es principalmente su faceta armada, en realidad el trasfondo siempre ha sido político, económico y social. "El conflicto armado en Colombia que lleva más de cinco décadas tiene que ver, fundamentalmente con un proyecto político de país que incluye el tipo de utilización y los beneficiarios del territorio colombiano", explicó a RT el periodista Fernando Vicente Prieto.
En este sentido, el columnista de Telesur añadió que "las empresas, en particular transnacionales, tienen una alianza con sectores del gobierno y sectores paramilitares en función de aprovecharse de los enormes recursos petroleros, hídricos, etc. que tiene el país".
Por su parte Federico Larsen, periodista y conductor del programa radial L'Ombelico del Mondo coincidió en esta perspectiva. "El conflicto que hubo en Colombia no es solo armado, sino que es económico y social, con una vertiente armada", dijo. Y añadió que por ese motivo "existen empresas que estuvieron efectivamente financiando y ayudando con apoyo logístico a grupos en función de una serie de intereses".
Empresas, sobornos y negocios
"A partir de los años 2000 hubo un incremento efectivo de la cantidad de empresas, sobre todo transnacionales, que se asentaron en Colombia debido a la apertura que planteó el gobierno de Álvaro Uribe primero y el de Juan Manuel Santos después", comentó Larsen a RT. Esta tendencia "chocó, sobre todo en el interior del país", con una práctica "que es real y existe de pedirle un diezmo a las compañías a cambio de no hacerle atentados, mantener la paz en el lugar, etc", añadió.
Para el analista internacional "esto es lo que los defensores del neoliberalismo van a querer mostrar". Que grupos armados "malos" le piden plata a empresas "buenas" que vienen a "traer trabajo". No obstante "es ridículo creer que empresas multinacionales que tienen ingresos muchas veces superiores a los PBI de algunos países deban arrodillarse ante grupos armados que los presionan", expresó el periodista.
Por eso convocó a "pensar cuales son los intereses que intentaron defender esas empresas para aportar a determinados grupos". Larsen apuntó que existe una "tercerización" donde a cambio de instalar la empresa "se obtienen una serie de favores por parte del político que administra esa región, solo si se ayuda a determinado grupo ilegal que es su brazo armado".
Los paramilitares al servicio del poder
La investigación que encara el Tribunal de Bogotá no surge de la inventiva de los juristas sino que es producto de denuncias sistemáticas realizadas durante años. "Movimientos populares y organizaciones sindicales han planteado la protección o el acuerdo que tienen las empresas con los grupos paramilitares", subrayó Vicente Prieto. "Hay que entender" el conflicto colombiano "en su complejidad", sostuvo. En este sentido "pensar a las fuerzas paramilitares como un actor que ha sido un complemento estratégico para la represión" sobre la población civil y los movimientos insurgentes.
El periodista enfatizó el hecho de que "estas fuerzas todavía siguen actuando" a pesar del acuerdo de paz. De hecho esta semana asesinaron a Cecilia Coicue, una referenta del movimiento Marcha Patriótica en la zona del Cauca. "Estos grupos no son locos sueltos que atentan contra el movimiento popular sino que están en estrecha ligazón con sectores del gobierno y empresas transnacionales que establecen alianzas para que los paramilitares golpeen a quienes se oponen a su accionar", denunció.
Larsen recordó que existe "un caso muy particular que es el de Coca-Cola" donde se desarrolló "una campaña mundial de organizaciones sociales y también de sindicatos europeos para hacer un boicot a la empresa. Justamente por la cantidad exorbitante de sindicalistas asesinados en sus plantas".
"Hay denuncias graves sobre, como mínimo, la tolerancia y complicidad de empresas en las prácticas paramilitares que incluyen la desaparición, la tortura y el asesinato", completó Vicente Prieto. Por este motivo la fiscalía "va a tener que investigar con fuerza porque es algo que en el interior profundo de Colombia se sabe", concluyó Larsen.
Santiago Mayor