El guerrillero después de dejar las armas: ¿Cuáles son los retos para Colombia?
Cuando Julio Escalona entregó el fusil lo primero que extrañó fue el silencio. Era la Venezuela de 1969 y él había permanecido cinco años como guerrillero antes de pactar la paz.
"También me costó recobrar el sentido del tiempo. En la vida ordinaria es una locura, todo está marcado por la prisa: me afectó ver tan limitados los minutos de pensar, de escribir, de leer", cuenta. Ahora, casi 50 años más tarde, le quita horas a la alta noche "cuando la ciudad se apaga, cuando reina el silencio y baja la velocidad" y así recobra algo de la lentitud aquella montaña donde se internó cuando creyó que la vía para hacer política en Venezuela eran las armas.
Durante la segunda mitad del siglo XX, América Latina fue el escenario de pugnas políticas que decantaron en la formación de movimientos armados. La mayoría terminó con la firma de una paz conflictiva, pero medianamente duradera. La excepción fue Colombia. Cuando está en ciernes la posibilidad de cerrar la única confrontación violenta de la región, ¿qué retos deberá afrontar la nación suramericana si empieza la desmovilización?
"La paz -relata Escalona- siempre es un reto y conquistarla es difícil porque tiene muchos enemigos. A veces, el camino es cruento". El exdirigente guerrillero y fundador de la Liga Socialista advierte que en el caso colombiano el reto es mayor porque "son muchos años en una situación de conflicto".
El informe del Grupo de Memoria Histórica de Colombia señala que las víctimas del conflicto armado son difíciles de medir. Según la definición jurídica, una víctima es una persona violentada que necesita reparación. En esa breve descripción entran casi 5 milones de desplazados, 260.000 muertos, más de 25.000 desaparecidos, 1.754 víctimas de abuso sexual. La lista, que es más larga, esconde detrás de un número el rostro de la crueldad.
Esta semana, en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, entregará el acuerdo de paz firmado con la guerrilla y que será sometido a plebiscito el 2 de octubre. Mientras tanto, en el monte, los rebeldes aún debaten cómo será su reincorporación a la vida civil: por ahora, exigen la promulgación de una ley de amnistía antes de dar el paso de abandonar el fusil.
Venezuela violenta
El intelectual Orlando Araujo (1928-1987), en su libro 'Venezuela violenta', resume las causas de la sublevación armada en el país en la década de los 60: un gobierno negado a "emprender las reformas básicas a que estaba comprometido con la masas" y empeñado en impedir "por la fuerza, toda forma de exteriorización del descontento popular".
Después de derrocada la dictadura en 1958, los nacientes regímenes democráticos aplicaron la política de "gobernar con la Constitución en la boca y la ametralladora en las manos", recuerda Araujo. La cruenta persecución a la izquierda empujó a emprender la lucha armada, que en esos años estuvo fuertemente influenciada por la impronta de la Revolución Cubana. El movimiento guerrillero venezolano duró casi una década, luego pacto la paz.
"Tomar la decisión no fue fácil", narra Escalona, hoy profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV). "Fue difícil firmar la paz y más difícil concretarla, sobre todo porque regresar a la vida civil no es cosa sencilla. Imagínate lo que significa para un muchacho que se fue a la montaña sin terminar ni la escuela, que sólo aprendió el lenguaje de la violencia, que no encuentra espacio en una sociedad que es igual o peor de agresiva".
"Algunos de los que dejaron las armas se enfrentaron a una escenario muy hostil, y lo que hicieron después fue dedicarse a la violencia en la ciudad. Por esa época, por ejemplo, muchos cometieron asaltos a los bancos", recuerda Escalona. Eso ocurrió porque, dice, si bien había llegado la pacificación, no estaban resueltas las causas estructurales del conflicto: la desigualdad económica, la exclusión social, la pobreza. Los males que aún arropan a toda la región y que persisten en Colombia.
La fórmula colombiana
Para tratar de poner linderos al proceso que se avecina, el pacto entre el gobierno y las FARC establece la constitución de 23 zonas veredales y ocho puntos transitorios de normalización, habilitadas como campamentos, en las que se concentrarán los integrantes del grupo insurgente hasta que se concreten los términos de la paz y ocurra la desmovilización, bajo la supervisión de organismos internacionales. Los que se nieguen a dejar las armas serán atacados por el ejército.
Allí, en esas zonas que funcionarán por no más de seis meses, se supone que los casi 20.000 guerrilleros podrán emprender proyectos socioproductivos o tener acceso a la educación. Después se disolverán los campamentos y entonces empezará la incorporación paulatina de los guerrilleros a la sociedad con un suelo equivalente a 90% del salario mínimo durante 24 meses (unos 290 dólares) y la oportunidad de optar a un financiamiento. Todos recibirán alrededor de 680 dólares por abandonar el fusil.
La política de incentivo, que también se aplicó durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez para la desmovilización de los paramilitares, pretende –según el acuerdo- "sentar las bases para la reincorporación efectiva de las FARC-EP a la vida social, económica y política del país", como una contribución "a la no repetición y a transformar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio". Pero, advierte Escalona, el punto más crucial tendrá que ver con otro aspecto: la cultura de paz.
Cultura de paz
El exguerrillero venezolano asegura que a él no se le hizo tan complicado reinsertarse a la esfera pública: "A pesar de los años en la clandestinidad, yo tenía una sensibilidad muy grande hacia la vida, hacia la paz, pero puedo entender que no es sencillo adaptarse a la no violencia en una sociedad violenta, cuando todo te preparó para la guerra".
Uno de los principales escollos para ese proceso en Colombia, considera Escalona, es el uribismo. Los adeptos al expresidente colombiano son las caras visibles del "no" al plebiscito y los deratores por descarte del proceso de paz emprendido por las FARC y Santos: "No hay que olvidar que son una fuerza importante en Colombia".
"Pero además -sostiene-, creo que tiene que ser muy firme la vocación de paz que tengan las partes del acuerdo, y yo todavía tengo algunas dudas. Si es endeble esa voluntad alrededor de la paz, será muy fácil caer en las trampas, los hechos de violencia y los atajos que siempre se encuentran en el camino. Las provocaciones están y estarán allí".
Ayer, desde un campamento de las FARC, el comandante Andrés París ratificó que la guerrilla se convertirá en partido y eso será "inevitable". Sin embargo, los temores campean en el mismo terreno del optimismo. El pasado lunes, Carlos Antonio Lozada, miembro del secretariado del grupo insugente asomó que el proceso de dejación de armas iniciaría una vez promulgada una ley de amnistía, refiere El Colombiano.
El temor no es gratuito. El anterior proceso de paz con las FARC, que fracasó en los albores de este siglo, fue seguido por el recrudecimiento de la persecución a la guerrilla, no sólo por el ejército sino por el paramilitarismo.
En el libro 'País de plomo', de la periodista colombiana Juanita León, una pregunta hecha por una guerrillera en esos años devela el miedo soterrado bajo cada negociación: "¿Usted cree que cuando acaben los diálogos llegarán los paramilitares a matarme?".
Pero más allá de las amenazas a la paz, está la esperanza de cerrar el único capítulo de violencia armada. Lo que en palabras de Lozada, citadas por El Colombiano, significa: "un momento en nuestras vidas con toda la normalidad, rodeados de nuestras familias, de nuestros amigos y haciendo un esfuerzo para servir a nuestro país en lo que corresponda".
Aunque la guerrilla tiene sus reservas porque aún quedan capítulos del post-acuerdo, Santos ya anticipó su expectativa este miércoles, en su discurso ante la ONU: "Hoy tenemos motivos para la esperanza, pues hay una guerra menos en el planeta. ¡Y es la de Colombia!".
Nazareth Balbás