En el punto más norte de América del Sur viven los wayuu, una étnia indígena que se asienta en un territorio de 27.000 kilómetros cuadrados entre Colombia y Venezuela. Allí el hambre campea.
En las últimas horas, las autoridades colombianas confirmaron la muerte de tres niños: "Es muy triste tener que seguir dando esta noticia casi que todos los días", dijo el secretario de Salud de La Guajira colombiana, Stevenson Marulanda, citado por AP. El año pasado, al menos 38 infantes wayuu fallecieron por desnutrición.
El drama no es nuevo. En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) interpuso una medida cautelar para proteger el pueblo indígena que en los últimos ocho años vio mermada su población con la muerte de 4.770 personas por hambre. En febrero de este año, el gobierno colombiano pidió su remoción por considerar que ya había cumplido con las exigencias del organismo multilateral.
Entre las peticiones formuladas por la CIDH estaba la obligación del Estado de suministrar servicios adecuados de agua y salud, así como aplicar medidas para garantizar la alimentación de esa población, que se extiende -en territorio colombiano- por las localidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao.
La sequía
"A los niños (enfermos) nos los están reportando cuando ya no hay casi (nada) qué hacer", le dijo a AP el gobernador encargado de La Guajira, Jorge Enrique Vélez. Para él, la muerte de los infantes -que generalmente ocurre antes de cumplir un año- está también vinculada a la profunda sequía que azota la región.
Las precipitaciones han mermado en los últimos años. Si bien La Guajira colombiana es una zona xerófila, la sequía ha arreciado por fenómenos como El Niño y ha afectado no sólo el suministro de agua para el consumo humano, sino también para la actividad agrícola y pecuaria que desarrolla esa comunidad indígena. En 2015, el instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) de Colombia estimó que el déficit de lluvias en La Guajira es de 70%.
Los wayuu acostumbran recoger agua de lluvia en tanques llamados "jawei". Según un reportaje del diario El Tiempo, la étnia retira una especie de nata verde de los precarios estanques y la bebe: "Aquí ninguna agua es buena, ni la del mismo acueducto del pueblo. Dicen que es tratada, pero hay momentos en los que hasta uno toma el agua y le da diarrea, le da dolor de estómago", dice una de las entrevistadas por el rotativo colombiano.
Las medidas del Estado
Luego de la medida cautelar de la CIDH, el Estado colombiano indicó que había conformado mesas técnicas de agua, entregado 312 tanques y establecido un sistema de distribución del vital líquido. Asímismo, aseguró que se habían reducido en 21% las muertes por desnutrición en 2015 y activado un proyecto de seguridad alimentaria que benefició a 12.170 hogares, refiere El Heraldo.
Sin embargo, las medidas aún son insuficientes y la CIDH aún no retira la cautela a los wayuu. La línea teléfónica habilitada por el gobierno, denunciaron organizaciones indígenas, es ineficaz porque esas poblaciones carecen de servicio de telefonía y mucho menos tienen internet. Los que contestan tampoco hablan wayuunaiki, la lengua de la étnia.
"Me parece un acto de crueldad la indolencia del Estado por la situación de nuestra niñez", dijo en febrero de este año el líder de la Asociación Shipia Wayuu, Javier Rojas, citado por ese mismo diario.
Rojas, quien formuló la denuncia ante la CIDH, solicitó la liberación de las aguas del río Ranchería para garantizar el acceso al agua potable a los wayuu. El cauce de la fuente fluvial fue restringido para suministrarle un óptimo servicio a la multinacional el Cerrejón.
Según RCN, mientras la compañía gasta 34.903 metros cúbicos de agua en minería, el vital líquido no llega a las comunidades wayuu ni siquiera para cubrir sus necesidades básicas de aseo y comida. La problemática quedó expuesta el año pasado mediante el documental "El río que se robaron", de Gonzalo Guillén.
Problemas estructurales
Además de la problemática con el Estado, las multinacionales y los fenómenos climatológicos, la muerte también amenaza al pueblo wayuu por el conflicto armado que por más de 60 años ha asolado Colombia.
El informe del Grupo de Memoria Histórica narra uno de los testimonios de una lideresa de la étnia: "A la comunidad wayuu nos destruyeron moral y culturalmente. La historia de los wayuu cambió, porque bajaron la cabeza cuando entró el paramilitarismo. Y no hay venganza ni guerra. Los paramilitares venían con el pensamiento claro: análisis del terror. A los hombres: varios tiros. A las mujeres: decapitadas, cortadas de senos (...) con todo lo que nos hicieron, nos hirieron tanto".
En 2004 el pueblo wayuu fue víctima de la Masacre de Bahía Portete, una localidad ubicada en el municipio de Uribia. En esa oportunidad, los paramilitares agrupados en las Autodefensas Unidas de Colombia mataron a 12 indígenas, desaparecieron a uno y desplazaron a 600 personas, que cruzaron hasta Venezuela para refugiarse.
Venezuela es el país que históricamente ha garantizado la subsistencia del pueblo wayuu. Pero en el último año, la coyuntura económica que atraviesa la nación petrolera y los roces fronterizos con el gobierno colombiano han afectado de manera negativa el suministro de alimentos a la zona norte de la Guajira.
Esta semana, los gobiernos de Caracas y Bogotá han adelantado conversaciones para reestablecer el comercio fronterizo y normalizar el suministro de alimentos en los 2.119 kilómetros de costura común. Esa es, probablemente, una de las pocas buenas noticia para la comunidad indígena más grande que tienen ambos países.
Nazareth Balbás