La publicación en Twitter de la orden de ejecución pública de un preso pone de relieve la oscura realidad de la pena de muerte en Arabia Saudita, pocos días antes de que se decida si el país sigue formando parte, precisamente, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Éste es el texto de la órden: "Urgente – alto secreto: A la atención del responsable sanitario de la gobernación de Qurayyat, se ha decidido llevar a cabo la ejecución de un preso (sentencia de muerte discrecional) a las 09:00h en Retribution Square, el Jueves 24/1/1438 [Calendario Islámico]. Por lo tanto, deberá informar al hospital general de Qurayyat para activar el protocolo necesario a la recepción del cadáver del prisionero desde el municipio y avisar al médico forense para que esté presente en la ejecución y firme el acta tras confirmar que la muerte del condenado". La orden está firmada por el director de la policía de la localidad de Qurayyat, el "Brigadier-General Mufdhi bin Abdallah al-Khamees".
La ejecución ha sido llevada a cabo este martes y así lo ha confirmado la Agencia de Prensa Saudí, dependiente del ministerio de cultura, en una nota que comenzaba así: "El Ministerio del Interior ha emitido un comunicado para informar que Mohammed bin Oqla Mahylan ha sido ejecutado en la región de Jouf hoy martes, día 25/10/2016, después ser declarado culpable de traficar con una gran cantidad de pastillas ilegales de anfetamina".
Secretismo y violación Derechos Humanos
Arabia Saudita espera ser reelegida como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU este próximo viernes, a pesar de que el mes pasado trascendió que había mentido a la Organización, afirmando que no había ejecutado a presos que habían sido detenidos siendo menores de edad. La reciente filtración de la orden de ejecución de Mohammed bin Oqla Mahylan añade aún más argumentos en contra de su reelección.
Tal como afirma el portal digital de la organización Reprieve (integrada por abogados e investigadores en defensa de los Derechos Humanos), las ejecuciones en Arabia Saudita están normalmente envueltas en secretos. Ni las propias órdenes de ejecución ni los detalles de las ejecuciones suelen lograr abrirse camino hacia la esfera pública. Las decapitaciones son la muestra más extrema de este secretismo, ya que suelen llevarse a cabo sin notificación alguna a los familiares o al propio condenado.
"Arabia Saudita es uno de los verdugos más activos del mundo -denuncia por su parte Amnistía Internacional en un comunicado que pretende recoger firmas para detener los procesos penales de muerte para tres jóvenes condenados-. A lo largo de 2015 ha ejecutado al menos a 151 personas, el número más alto desde 1995. Cerca de la mitad de las personas ejecutadas habían sido condenadas por delitos que, según el derecho internacional, no serían punibles con la muerte. La pena de muerte se impone a menudo en juicios injustos, incluso a personas menores de edad en el momento del presunto delito o con discapacidad mental".