TSJ anula cualquier acción del Parlamento en contra del presidente Nicolás Maduro
Mientras transcurre el diálogo en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia admitió un amparo que imposibilita cualquier acción del Parlamento en contra del Presidente de la República.
La acción de amparo fue interpuesta por el Procurador encargado de la República, Reinaldo Muñoz, por considerar que la Asamblea Nacional (AN) -con mayoría de diputados de derecha- ha emprendido "actuaciones de hecho" en contra de los Poderes Públicos.
Según el Poder Judicial, el recurso "cumple con los extremos jurisprudenciales para la admisión de este tipo de demandas", refiere El Universal. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, protestó la medida y la desconoció.
"Absolutamente nula la nueva decisión de la sala inconstitucional del TSJ declarando cautelar a favor de Maduro, promovida por procurador general chimbo", escribió Ramos Allup en su cuenta de Twitter.
Esta no es la primera vez que el presidente del Parlamento desacata una sentencia del TSJ. De hecho, el Tribunal ratificó que todos los actos del Parlamento son nulos hasta que el Poder Legislativo no se ponga a derecho con las resoluciones del Judicial, "incluyendo las leyes que sean sancionadas".
Diálogo espinoso
La decisión del TSJ puede significar un movimiento telúrico para los avances de la mesa de diálogo entre el gobierno y la derecha, en la que participan voceros del partido de Ramos Allup.
Las conversaciones entre el chavismo y la oposición se dieron luego de que el Parlamento intentara emprender un proceso de "juicio político" en contra del presidente Nicolás Maduro, que ni siquiera está previsto en la Constitución.
De acuerdo a la Carta Magna, el Parlamento no está facultado para iniciar ningún procedimiento para declarar la responsabilidad del Presidente de la República, por lo que cualquier medida de esa naturaleza es írrita.
Las acciones ilegales del Parlamento fueron respondidas por el chavismo con movilizaciones de calle que, hasta que finalmente el gobierno planteó una mesa de diálogo -mediada por el Vaticano y la Unasur- para exigir que la diatriba política permaneciera dentro de los límites del respeto a la Constitución y los poderes públicos. La alianza opositora, después de varias contradicciones, decidió asistir.
El fin de semana pasado, ambos factores suscribieron un acuerdo de varios puntos que ahora, con la decisión del Poder Judicial, tendrá su primera prueba de resistencia.
Nazareth Balbás