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Una tribu mexicana defiende su territorio ancestral de un megaproyecto
En México, la Tribu Yaqui lucha contra la construcción de un gasoducto.
Cuando habla un yaqui del norte de México, siempre se refiere a la resistencia de los ocho pueblos de su tribu a lo largo de los siglos.
Bácum, Cócorit, Vícam, Torim, Potam, Huíviris, Rahum y Belén, junto con el río Yaqui y la sierra del Bacatete, forman parte de una integridad territorial que no se puede ver por separado. Allí, desde tiempos ancestrales, la tribu yaqui realiza ceremonias como las danzas del venado o de danza de pascola y toda la ritualidad de la Semana Santa. Así, los yaquis tienen una identidad híbrida que utiliza simbología católica, pero se centran en la transmisión del conocimiento íntimamente ligado a los elementos que integran a la tierra.
"Nuestra raíces, usos y costumbres, tradiciones y cultura" son "el patrimonio que nos han dejado", según ha explicado en entrevista exclusiva a RT Higinio Ochoa, habitante del pueblo yaqui Loma de Bácum.
Defender lo que son ha llevado a 'los espartanos de América', como los definió el general estadounidense William Tecumseh Sherman (1820-1891), a enfrentarse a cruentos intentos para borrarlos del mapa, como las denominadas guerras del Yaqui, que tuvieron lugar a finales del siglo XIX y comienzos del XX y culminaron con la deportación de miles de indígenas a los estados mexicanos de Oaxaca y Yucatán.
"Quisieron exterminar a los yaquis" y su legado "costo lágrimas, sudor y sangre", recuerda Higinio Ochoa.
En 1940, una vez finalizadas esas contiendas, el presidente Lázaro Cárdenas firmó un decreto que reconoció su territorio y les otorgó el derecho al 50 % del agua de la presa de la Angostura, construida donde comienza su río sagrado, en el estado vecino de Chihuahua.
En su libro 'Las tribus yaquis de Sonora' (1938), el antropólogo comunista mexicano Alfonso Fabila ya anunciaba la "injusticia hídrica" cometida por grandes agricultores y la construcción de diversas presas en el siglo XX.
Los yaquis sufrieron nuevos intentos de despojo de su territorio y su cultura en el siglo XXI. Así, el Gobierno del conservador Felipe Calderón (2006-2012) construyó el acueducto Independencia para tomar más agua del río Yaqui.
El entonces gobernador de Sonora y copartidario de Calderón, Guillermo Padrés, persiguió a los yaquis que se enfrentaron a la construcción de esa infraestructura. Esa represión provocó que los voceros yaquis del pueblo de Vícam, Mario Luna y Fernando Jiménez, fueran encarcelados, mientras que otro portavoz, Tomás Rojo, se exilió en la Ciudad de México.
Si bien la Suprema Corte de Justicia de México ordenó la cancelación de operaciones del acueducto Independencia y la celebración de una consulta a la tribu, el tubo todavía toma agua del río Yaqui, que se ve casi seco durante todo el año.
Mientras Mario Luna se encontraba en prisión, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ganó las elecciones de ese estado y la empresa Sempra Energy obtuvo una licitación para ejecutar otro proyecto en el territorio yaqui: el gasoducto Aguaprieta.
Un tubo de gas en medio del territorio
Esa firma obtuvo la licitación para construir un primer tramo que conectará la red de gas desde Arizona (EE.UU.) hasta el puerto de Guaymas (Sonora) y, desde allí, un segundo hasta El Oro (Sinaloa), que es el que atravesaría 80 kilómetros del territorio yaqui.
Como el acueducto Independencia, el gasoducto Agua Prieta ha generado división en esta tribu. Casilda Flores, de Loma de Bácum, relata a RT que, como pueblo indígena, los yaquis tienen derecho a ser consultados para el paso de cualquier proyecto en su territorio y los ocho pueblos deben tomar una decisión consensuada al 100 %. Hasta el momento, siete gobernadores aceptaron la entrada del gasoducto, pero Loma de Bácum aún no.
El yaqui Guadalupe Flores Maldonado cuenta que en abril de 2015 se consultó al pueblo de Belém y la empresa dio siete millones a las autoridades tradicionales, en dos pagos: el primero al firmar y el segundo al terminar la obra o seis meses después. "Trataron de usar a los demás pueblos para obligarnos a firmar" y "ahí empezaron las presiones", denuncia este hombre.
Por su parte, Casilda Flores cuenta que 'la tropa' —como tradicionalmente se denomina a la población yaqui— no aceptó en los demás pueblos y solamente las autoridades dieron el consentimiento del paso del tubo, por lo que el asedio no solo es contra Loma de Bácum, sino contra los opositores de otras localidades.
Los problemas del tubo
En su último año de mandato, Felipe Calderón lanzó diversas licitaciones para construir gasoductos al por mayor.
En 2015, el que fuera secretario de Energía de México, Pedro Joaquín Coldwell, anunció que entre 2016 y 2019 en México operarían 12 nuevos gasoductos. Al conocer que existía la posibilidad de que una de esas estructuras se construyera en Loma de Bácum, sus habitantes se comunicaron con el pueblo indígena rarámuri de Chihuahua, que luchó contra el gasoducto que pretendía pasar por sus barrancas y sitios sagrados y, hasta hoy, sigue detenido.
La nueva gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, ha insistido a través de los medios de comunicación en que el gasoducto llegará a su destino y supone un factor de desarrollo para el pueblo yaqui. Sin embargo, aclaró que el proeycto está a cargo de una empresa privada —a pesar de que fue licitado desde el Gobierno federal— y que ese pueblo debe alcanzar un acuerdo con la empresa.
En febrero del 2016, Guadalupe Flores relata que otros pueblos yaquis se reunieron durante horas con integrantes de la compañía en la Secretaría de Energía, pero no los lograron convencer.
Finalmente, el 14 de octubre la firma fue acompañada por 'grupos de choque' del municipio de Cajeme para proteger los trabajos en Loma de Bácum, mientras que la semana siguiente otro colectivo atacó a la guardia tradicional de ese pueblo.
El ataque
Ese 21 de octubre, México leyó titulares como "Se enfrentan en Sonora por construcción de gasoducto en tierras yaquis; hay un muerto". Las informaciones detallaron la "lucha campal" de tres horas entre integrantes de la tribu que están a favor y en contra de la obra. Desde entonces, la Policía estatal permanece en el lugar.
"Defendimos la resistencia en Loma de Bácum con piedras, palos, aunque en ella nos llevará la vida misma. Estamos firmes, porque ¡no vendemos nuestra tierra así nos ofrezcan millones de dólares!", cuenta Higinio Ochoa.
#DEÚLTIMA Reportan autoridades un muerto en enfrentamiento entre comunidades yaquis en Loma de Bácum. pic.twitter.com/Kw2CutRtYK
— EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) October 21, 2016
"Nuestra propia gente pisoteó sus usos y costumbres por el dinero. Si llegaran a conseguir el propósito, ahí se acaba la etnia yaqui: su identidad, usos y costumbres", relata Casilda Flores.
Cuando se produjo el ataque, los niños salían de la escuela y pocas personas resguardaban su guardia tradicional. Un grupo integrado por yaquis de los siete pueblos, en especial de Loma de Guamúchil-Cócorit, llegó con la intención de imponer una autoridad nueva para que aceptara el paso del gasoducto.
"Somos nosotros los agredidos, los ofendidos", mientras que "el brazo justiciero cobija a los agresores" y "Loma de Bácum está olvidada: estamos sitiados por la Policía estatal" denuncia Higinio Ochoa, quien destaca que, hasta hoy, 21 habitantes de Loma de Bácum tienen órdenes de aprensión.
"Nosotros no atacamos a nadie, pero se rompió el tejido social. Ahora, las mujeres, los hombres y los niños estamos en resistencia", relata Casila Flores.
El 28 de octubre, el vicepresidente del gasoducto Aguaprieta, Juan Rodríguez Castañeda, declaró que cuentan con todos los permisos para construir su megaproyecto de 800 kilómetros y continuarán con los 14 kilómetros que hacen falta. Además, ese hombre aseveró que la Secretaría de Energía de México ya realizó una "consulta indígena".
En vista de la situación, Loma de Bácum interpuso quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde entonces, las autoridades del estado les cancelaron becas y proyectos productivos.
Guadalupe Flores desea que "nos dején en paz y respeten nuestros usos y costumbres", asegura que "el estado no nos ha convencido" ni quieren dinero, sino "que cumplan con la ley, que respeten nuestra norma interna, que no se metan con nosotros y respeten el territorio sagrado".
Al-Dabi Olvera
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