Hasta el 31 de diciembre de 2015, los datos oficiales de México registraban hasta 27.659 personas desaparecidas en el país. Por ese motivo, el nombramiento de Santiago Corcuera, abogado mexicano de 56 años, al frente del Comité de Desaparición Forzada de la ONU generó grandes expectativas sobre las repercusiones que esto pudiera tener en el país azteca.
Sin embargo, el propio Corcuera se encargó de disipar cualquier duda al respecto, aclarando que no podrá intervenir en los asuntos internos de su país. Las expectativas generadas son "absolutamente erróneas", dijo. Y para que no queden dudas, al ser consultado sobre si Naciones Unidas quiso destacar la situación de México mediante su nombramiento respondió taxativamente: "absolutamente, no".
Esto se debe a una práctica muy común en los distintos comités de la ONU: cuando se abordan las problemáticas de un país específico, los representantes del mismo no participan. Ni en las resoluciones, ni tampoco en las deliberaciones.
El Comité de Desaparición Forzada
A las dificultades ya planteadas para que Corcuera intervenga en la crítica situación de los desaparecidos en su país, se suma que México no ha ratificado su adhesión al Comité, por lo cual ese organismo no tiene apenas margen para intervenir en el país.
Esta entidad de Naciones Unidas nació luego de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la cual surgió un tratado que entró en vigor en diciembre de 2010. Hasta el momento lo han firmado 96 países, de los cuales solo 53 son Estado Parte y apenas 32 lo han ratificado.
Asimismo, son únicamente 20 los países que han desarrollado los procedimientos correspondientes que permiten al Comité "recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, que alegaren ser víctima de violaciones por este Estado Parte de las disposiciones de la presente Convención". México no se encuentra entre ellos.
Los Derechos Humanos en México
A mediados de octubre, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Zeid Ra’ad Al Hussein, realizó una serie de recomendaciones al gobierno mexicano. Entre ellas, planteaba la conformación de un consejo asesor de expertos independientes para "revertir la tasa de impunidad imperante" en la nación azteca y crear "una oficina especializada para garantizar el castigo efectivo de las violaciones graves de derechos humanos".
Sin embargo, las autoridades solo respondieron señalando que las sugerencias "serán consideradas y atendidas", pero aclarando que muchas de ellas "dependen en gran medida de las acciones de los poderes judicial o legislativo, o bien de los estados".
En mayo de este año, luego de plantear un análisis similar Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, dijo que al escuchar este tipo de informes el gobierno de Enrique Peña Nieto responde "ofendiéndose en vez de con acciones". En el mismo sentido, Corcuera hizo una analogía médica: "Lo que se espera con el paciente, es que no se enoje con el doctor que le está formulando la receta y la recomendación sobre qué medidas debe adoptar para el mejoramiento de su salud".