No más de seis años. Ese es el lapso que estima Colombia para quedarse sin petróleo y, por eso, el gobierno apuesta al fracking.
Pero la implementación de la polémica técnica de fractura hidráulica para la obtención de hidrocarburos ha desatado el rechazo de organizaciones ambientales y gremios académicos, por el riesgo que representa para los suelos y las cuencas de agua.
El país suramericano es el cuarto productor de la región, con unas reservas que apenas alcanzan los 2,2 millones de barriles de petróleo; comparado con países como Venezuela, con 316 millones de barriles, el panorama energético es complicado. Según refiere Semana, el gobierno firmó 13 contratos con empresas extranjeras para tratar de extender el plazo de disponibilidad de crudo. ¿A qué precio?
Cuencas en riesgo
Un estudio titulado Políticas públicas, impactos y resistencias al fracking en América Latina, publicado este año, considera paradójico que el gobierno colombiano haya definido la industria de los hidrocarburos como pilar de la economía, no sólo por la falta de reservas, sino por las mayúsculas inversiones que deben hacerse para la explotación no convencional, en una época que ha estado caracterizada por la caída sostenida de las cotizaciones petroleras.
El año pasado, en entrevista con el diario El Tiempo, el Presidente de Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Mauricio De La Mora Rodríguez, aseguró que Colombia necesitaba el fracking: "Nuestro futuro está en los yacimientos no convencionales y el off shore. Lo que hay que tener es una regulación ambiental, social y técnica clara. No podemos seguir viviendo de los yacimientos convencionales".
La regulación, sin embargo, es insuficiente. El geólogo colombiano Julio Fierro, entrevistado por Semana Sostenible, advirtió que su país carece de estudios adecuados para determinar los riesgos y que la reglamentación existente se hizo para salir de la urgencia de las licencias de explotación: "Aquí se alteró el orden de esos factores y las consecuencias podrían ser irreversibles".
Por ahora, empresas como Pacific Rubiales y ConocoPhillips, tienen contratos. Sin embargo, las "letras pequeñas" son las huellas que esa iniciativa, que requiere el uso de entre 19 y 46 millones de litros de agua por pozo, de acuerdo a estimaciones del Government Accountability Office (GAO), de EE.UU. De esa cantidad de recursos acuíferos, apenas puede recuperarse un 15%. El resto, se contamina.
La voracidad de esa técnica de extracción para con las aguas superficiales y subterráneas movió a países como Alemania y Francia a prohibirla. Eso sin contar que su utilización ha significado el aumento sustancial de sismos y terremotos en las zonas donde se practica, lo que ha motivado su restricción expresa en 300 condados de EE.UU.
El año pasado, un estudio de la Universidad Southern Methodist de Dallas, Texas, y el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés), demostró que el fracking sería la causa más probable de los 27 terremotos registrados entre diciembre de 2013 y la primavera de 2014, en la población de Azle. Las investigaciones con conclusiones similares son numerosas.
Protestas
Los riesgos del fracking no han dejado indiferente a la comunidad colombiana. El Movimiento Ambientalista de ese país ya ha recaudado más de 12.000 firmas para exigir que se postergue la exploración hasta que no haya suficiente sustento jurídico y científico para validar ese tipo de actividades, aunque su propósito -indica el portal Colombia plural- es que se prohiba.
A principios de este mes, la Contraloría para el medio ambiente, consideró que hubo "negligente actuación" en el otorgamiento de contratos a Conoco y CNE Oil & Gas, luego de las denuncias presentadas por colectivos de abogados en contra de las actividades de fractura hidráulica en San Martín, al noreste de Colombia. La causa fue radicada a la Procuradoría General de la Nación y el proyecto sigue paralizado.
Hasta ahora, el principal argumento a favor del fracking es el aumento de la producción norteamericana. Esa técnica, que ha permitido a EE.UU. extraer más barriles que Arabia Saudita, es la principal responsable de la caída de los precios del crudo y la crisis de los países exportadores aglutinados en la OPEP.
Lo contradictorio es que la misma baja de las cotizaciones hace inviable la sustentabilidad del fracking, especialmente para países como Colombia.
En julio de este año, el presidente de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol), Rubén Darío Lizarralde, fue tajante: "Lo que sí no es rentable ni en Colombia ni en ningún otro lugar es el fracking, porque con un crudo por debajo de los US$70 eso no es posible, no es rentable para las empresas".