El fantasma de la desaparición forzada revive tras una masacre en el norte de Venezuela

A Carlos Gabriel Marchena se lo llevaron el 15 de octubre pasado. Un grupo de militares lo sacó de su casa sin orden de aprehensión y, desde entonces, su familia no lo volvió a ver.

"(Los agentes) llegaron en dos patrullas, se bajaron e ingresaron a la casa de mi hermana. Eso fue como a las 6:00 de la tarde", cuenta a RT Pedro Silva, uno de los familiares de las 13 víctimas encontradas en una fosa común al norte de Venezuela, en Barlovento, estado Miranda.

Los cuerpos, detalló la Fiscalía, fueron hallados el fin de semana pasado. El Ministerio Público imputó a 12 militares por presunta vulneración de los derechos fundamentales, y la Fuerza Armada emitió un comunicado en rechazo a la actuación de los efectivos, degradados y expulsados de la institución por orden del presidente Nicolás Maduro. Ninguna de las víctimas tenía antecedentes penales, precisó el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab. El temor generalizado se susurra en los pasillos: ¿ha resucitado en Venezuela el fantasma de la desaparición forzada?

Huella de vergüenza

En los años 60, Venezuela inauguró la figura de las desapariciones forzadas en la región. Mucho antes de las dictaduras del Cono Sur, la naciente "democracia representativa" tuvo el poco honroso privilegio de ser la primera en adoptar la doctrina de la Escuela de las Américas: perseguir, asediar y desaparecer a todo lo que tuviera tufo a comunismo, a izquierda.

El saldo de la llamada Cuarta República fue el asesinato y desaparición de más de 3.000 personas. Muchos de esos casos permanecieron engavetados y en total impunidad hasta la llegada de Hugo Chávez al poder, quien ordenó que se reabrieran las investigaciones para reparar a los familiares de las víctimas y esclarecer la memoria histórica silenciada en el país.

Por eso, el resurgimiento de la figura de la desaparición forzada en el país ha puesto en alerta a la nación, especialmente porque el contexto es distinto: esta vez, la persecución no parece obedecer a razones ideológicas sino a la estigmatización. El fuego que atiza la situación son los elevados índices delictivos. 

OLP

A mediados del año pasado, el Ejecutivo lanzó un plan especial de seguridad, denominado Operación de Liberación del Pueblo (OLP) para combatir el crimen en las comunidades. En sus inicios, explicó el presidente Maduro en esa oportunidad, la vista estaba puesta en "erradicar las prácticas de paramilitarismo" denunciadas por el gobierno.

"Los pobladores vimos de muy buena manera la implementación de la OLP", recuerda Silva, "pero lo que no podemos permitir es que los militares se escuden en eso para cometer esta clase de crímenes. La cultura de la muerte no se puede combatir con más violencia".

Según los familiares de las víctimas, los agentes responsables de las desapariciones se presentaron como miembros de la OLP y "decían que venían con orden presidencial". Sin embargo, el abogado Rafael Narváez, quien acompaña al grupo, consideró inverosímil que la instrucción viniera del Ejecutivo.

Lo que sí preocupa al jurista es que la OLP funcionara sin el acompañamiento de la Fiscalía. De hecho, en el primer comunicado emitido por el Ministerio Público se dejó clara la primera irregularidad: las detenciones ocurrieron sin que mediara una orden judicial o las personas fueran sorprendidas "en la comisión de un delito flagrante".

"Nosotros no queremos quedarnos sin seguridad, pero exigimos que se cambie la OLP por otra cosa", alegó José Uzcátegui, familiar de Eliézer Ramírez, de 22 años, cuyo cuerpo fue sepultado el pasado miércoles.

Por ser pobres 

Algunos de los cuerpos encontrados estaban mutilados y tenían signos de tortura evidentes, confirmó la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, entrevistada el miércoles por un programa de la televisión privada. Los crímenes, asegura el abogado Narváez, fueron cometidos en su mayoría por armas blancas.

"Sólo dos tenían impactos de bala", precisó el jurista en una rueda de prensa. Narváez consideró que el uso de armas blancas pretendía hacer más difícil la identificación de los responsables. Por ahora, no se ha hecho pública la data de muerte de los asesinados, pero los familiares presumen que fue pocos días después de la detención.

El paradero de las víctimas se supo de la misma manera. "El sábado pasado, en la mañana, unos agentes llegaron buscando a mi papá y le dieron una lista con los nombres de los 12 que habían encontrado porque tenían que reconocer los cuerpos. Ahí, en esa lista, estaba el nombre de mi primo", relata Dangelis Cordero, familiar de Eliézer Ramírez.

Hasta ahora la Fiscalía no ha dado indicios de los vínculos que conectan a los asesinados. Pero hay un denominador común: todos eran pobres, hombres y jóvenes. 

"Se trataba de personas humildes, trabajadoras, campesinos, que lamentablemente se violaron sus derechos fundamentales. Una de las víctimas que logró sobrevivir, que ahora es un testigo protegido, fue sometido a graves torturas", precisó la Fiscal General. Ese testigo clave, contó Narváez, es quien ha dado detalles de cómo ocurrieron los hechos.

Cronología de los hechos

Entre los días 15 y 19 de octubre, un operativo de seguridad detuvo a varias personas en Barlovento, que fueron trasladadas a un punto de control ubicado en un poblado cercano llamado El Café.

Los familiares acudían todos los días al puesto de control pero no podían ver a los detenidos: "no nos daban información", alega Dangelis Cordero, "decían que no había sistema para registrarlos, que era un procedimiento de rutina". 

Al cabo de unos días, los oficiales encargados del comando les notificaron que sus familiares habían sido trasladados del lugar hacia un fuerte militar. "Pero allí nos dijeron que no había ningún detenido, siempre lo negaron", recuerda Uzcátegui.

"Al tercer día de no tener respuesta hicimos la denuncia en la Fiscalía décima de Guarenas-Guatire (Miranda) y empezamos a tocar las puertas de los medios de comunicación para denunciar la desaparición de nuestros familiares pero muchos nos cerraron las puertas, no nos atendieron", lamentó Silva, "capaz que si nos hubiesen acompañado, ellos estuvieran vivos".

Los cuerpos de las víctimas fueron hallados en dos fosas entre el 25 y el 26 de noviembre, en las en zonas montañosas del municipio Acevedo del estado Miranda. El Ministerio Público imputó a 11 funcionarios por su presunta vinculación en el asesinato de los jóvenes, entre ellos un teniente coronel, cinco sargentos primero, un sargento mayor de tercera, un mayor, dos cabos segundo y un cabo primero.

Nuevos hallazgos

Además de los doce casos confirmados, el miércoles se sumó otra víctima fatal, presuntamente vinculada al mismo operativo. Aún hay tres cuerpos que deben someterse a experticias para ser identificados, indicó el abogado Narváez.

Este jueves, el defensor del pueblo informó que hay cinco nuevas denuncias de desapariciones en los sectores El Café, Capaya y Caucagua del estado Miranda: "y no descartamos que lleguen más", informó El Nacional. 

El abogado de los familiares reconoció la labor del Ministerio Público para atender cada uno de los casos y llevar adelante la investigación: "si fallan, sin duda, seré el primero en decir que se quebraron".

Pero, off the record, una de las autoridades que sigue de cerca la  investigación hace una observación: "antes, jamás hubiesen tantos imputados como los hay hoy por este crimen, menos si son militares. Esos expedientes se engavetaban. En estos casos, las diferenciaciones entre la Cuarta y la Quinta (República) no son mera retórica".

Nazareth Balbás