El pasado abril, la Corte Suprema de los Estados Unidos aprobaba modificaciones para potenciar la llamada 'Regla 41', que otorga autoridad a los jueces para emitir órdenes de registro en todo tipo de dispositivos electrónicos. A la hora de emitir esas órdenes, los jueces estaban limitados a su jurisdicción. Las modificaciones pretendían acabar con esta limitación.
El Senado de Estados Unidos tenía hasta el pasado jueves 1 de diciembre para aprobar estas modificaciones. Algunos senadores intentaron a última hora bloquear la modificación (quizá temerosos del uso que Donald Trump pudiera darle), pero han sido finalmente aprobadas y a partir de hoy las agencias de inteligencia estadounidenses cuentan con nuevos y grandes poderes de vigilancia.
De ahora en adelante los jueces estadounidenses tendrán autoridad para emitir órdenes de registro que permitirán a las agencias de inteligencia estadounidense acceder y registrar remotamente ordenadores, smartphones, redes y cualquier otro dispositivo electrónico. En otras palabras: podrán hackear los dispositivos de cualquier ciudadano.
De nada han servido las protestas
La Electronic Frontier Foundation (EFF), una fundación que se centra el la defensa de los derechos en el ámbito digital, impulsó hace meses una campaña que no ha podido ver cumplido su objetivo, que era precisamente detener las modificaciones a la regla 41.
Éstos eran los motivos por los que consideraban que estas modificaciones son peligrosas:
Una mayor frecuencia en las intervenciones de los agentes del gobierno en las computadoras de la gente es una receta para el desastre. Las fuerzas del orden incrementarán su explotación de las vulnerabilidades de seguridad en los productos de software más comunes; eso significa que las vulnerabilidades que podrían afectar a millones quedarán abiertas.
Las fuerzas del orden se dedicarán a la selección de cortes propicias, en búsqueda de jueces favorables al Gobierno dispuestos a firmar órdenes judiciales con una conexión remota al distrito judicial.
Las fuerzas del orden va a presionar a los jueces para autorizar búsquedas remotas de miles de ordenadores con una sola orden - una violación directa de la Cuarta Enmienda y un patrón que ya estamos viendo.
David Romero