En Nueva York parten audiencias previas en caso de Víktor But

Este viernes en Nueva York comienzan las audiencias previas sobre el caso del emprendedor ruso Víktor But, acusado por las autoridades estadounidenses de venta ilegal de armas. Rusia considera como "inaceptable" su extradición a EE. UU. desde Tailandia, hecho que tuvo lugar en noviembre pasado. 

Como si efectivamente se tratara de un drama de Hollywood, la comparecencia del ciudadano ruso, de 43 años, ante un tribunal de Nueva York, parece ser el inicio formal de un proceso que podría durar varios meses pero que empezó en realidad hace varios años.

But, a quien la prensa estadounidense ha etiquetado como el “mercader de la muerte”, fue acusado de tráfico de armas y arrestado en Bangkok, Tailandia, en marzo del 2008.

Pero en noviembre del 2010 fue extraditado a Nueva York, por la noche y sin llamar la atención.

“El acusado, Víktor But, se enfrenta a la justicia por los siguientes motivos: primero, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses; dos: conspirar para asesinar a empleados del Gobierno; tres: conspiración para adquirir misiles antiaéreos; y cuatro: conspiración para contribuir materialmente a las FARC”, dijo Preet Bharara, fiscal estadounidense en el distrito sur del estado de Nueva York, un día tras la entrega de But.

Ante estas acusaciones el acusado se declaró inocente.

De acuerdo a la fiscalía, el ruso fue arrestado tras un operativo en el que agentes federales encubiertos le habrían convencido de vender entre 700 y 800 misiles tierra-aire, así como 5.000 fusiles AK47, minas antipersonales y otros suministros bélicos al grupo guerrillero colombiano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Después, luego de revisar el caso, la justicia tailandesa determinó que la culpa de But no estaba confirmada.

A pesar de esto, finalmente Tailandia extraditó a But a Estados Unidos, un hecho que la cancillería rusa considera como resultado de presión política. Fue inmediata la reacción del ministro ruso de Relaciones Exteriores. Serguéi Lavrov aseguró que Moscú seguiría tomando las medidas necesarias para defender los derechos legales de But, así como harían con cualquier ciudadano ruso en la misma situación.

“Pese a los dos fallos de la corte de Tailandia, según los cuales la culpa de Víktor But no fue demostrada, el Gobierno tailandés ha decidido entregarlo a las autoridades norteamericanas de todos modos. En mi opinión, se trata de una presión política sin precedentes, tanto sobre el procedimiento legal, como sobre el Gobierno de ese país asiático”, afirmó el canciller ruso en noviembre pasado.

Ala But, esposa del acusado, quien recientemente llegó a Nueva York para las audiencias que se celebrarán este mes, dice sentirse acosada por las autoridades estadounidenses.

“Al llegar pasamos casi dos horas en unas habitaciones, revisaron nuestro equipaje de arriba a abajo. Me hicieron apagar mi celular y no me dejaron comunicarme con el consulado ruso hasta que concluyó el interrogatorio. Hemos venido a luchar por la libertad de mi esposo. Espero que el sentido común prevalezca en la corte, pero al mismo tiempo, dudo mucho de que esto suceda por toda la propaganda negativa que se ha dado sobre el caso en los medios estadounidenses”, contó la mujer.

Por otra parte, hay quienes señalan que la politización del proceso podría ser una piedra en el zapato para las autoridades federales, pero también una forma de quitarle objetividad a las investigaciones.

“Hay un peso significativo de la presión política en este caso, por lo cual EE. UU. presionará a But para hacer que coopere con la investigación. No hay forma de expresar cómo será esta presión sobre el ruso”, opinó Douglas McNabb, abogado experto en extradiciones.

Y mientras muchos aspectos de las acusaciones y la propia extradición de But parecen ser dudosos, las autoridades estadounidenses defienden la extradición y actual proceso judicial en contra del ciudadano ruso como un caso en el que está en juego, una vez más, la seguridad nacional.

But se enfrenta a una pena mínima de 25 años de cárcel e incluso a la cadena perpetua. Los abogados que siguen su caso sugieren que el hecho mismo de haber sido extraditado ilegalmente debería ser suficiente para invalidar cualquier cargo en una corte federal. Sin embargo, si se siguen o no los parámetros de la justicia, es algo que aún está por verse.