La estafa de más de 1millón de dólares de los "enfermos mentales" en Colombia
La Contraloría General colombiana realizó una denuncia este miércoles luego de llevar a cabo una auditoría al Sistema General de Participaciones del departamento de Sucre. El organismo descubrió que la Gobernación de ese distrito pagó 3.173 millones de pesos (poco más de 1 millón de dólares) por tratamientos para enfermos mentales que no existían.
De acuerdo a la información difundida, los pagos fueron realizados a cinco Institutos Prestadores de Salud (IPS). La suma total se repartió de esta forma: IPS 1 $2.155 millones; IPS 2 $468 millones; $IPS 3 $455 millones; IPS 4 $61 millones; e IPS 5 $32 millones.
El que más dinero recaudó lo hizo utilizando la firma de un psiquiatra de la Universidad Javeriana de Bogotá. "La firma no se corresponde con la mía, eso es un garabato que hicieron intentando falsificarla. El sello que utilizan en las historias clínicas no corresponde al mío", denunció el médico al ser entrevistado por la Contraloría. Además, explicó que en el sello aparece su nombre y el de la universidad "mal escritos". Finalmente, "el registro médico que aparece no es el mío, es el número de mi tarjeta profesional, no el del registro médico", dijo.
De acuerdo al testimonio del especialista, este firmó un contrato en 2013 con la IPS, pero solo por seis meses. Nunca llevó a cabo la actividad señalada -atención y hospitalización de pacientes con drogodependencia y enfermos mentales-, y además denuncia que nunca le pagaron.
Falsificación a nivel gubernamental
Pero la estafa no fue solo a los profesionales de la salud que vieron sus firmas falsificadas, también sucedió a nivel gubernamental. En otra entrevista realizada por la Contraloría, el jefe del programa de auditoría de la Secretaria de Salud departamental aseveró que la firma utilizada para autorizar el servicio y, por consiguiente, los pagos, tampoco corresponde con la suya.
Todo el entramado delictivo se asienta en la captación de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) destinados a la Población Pobre no Asegurada (PPNA).
Según informó el periódico bogotano 'El Espectador', la Contraloría evalúa actualmente "218 facturas más, de diferentes IPS, por valor de $1.561 millones, que le fueron allegadas cuando había culminado la fase de ejecución de esta auditoría". Por este motivo, "se decidió abrir una Indagación Preliminar sobre estos nuevos hechos".
"El gobernador de Sucre está enterado de las irregularidades detectadas y se encuentra a la espera de que se oficialice este informe", concluyó el informe de la entidad.