Brasil comenzó el 2017 con dos violentos motines en las cárceles de Manaos y Boa Vista. El primero fue el más violento de los últimos 20 años, al dejar un saldo de 56 muertos. El segundo –no por ello menos importante– dejó 36 víctimas fatales.
Estos hechos volvieron a poner en la agenda la situación carcelaria en América Latina. Las deplorables condiciones estructurales de los recintos penitenciarios, sumadas a la falta de presupuesto, el control de las pandillas y la connivencia y represión de las fuerzas de seguridad, generan un cóctel explosivo.
Gustavo Fondevila, integrante del Centro de Investigación y Docencia (CIDE) de México e investigador de la situación de las prisiones latinoamericanas, es contundente al respecto. "En Europa del Norte se gastan en promedio alrededor de 110-112 dólares diarios por cada persona privada de libertad; en EE.UU. se gastan aproximadamente 80-85 dólares; en México 10-12 dólares y en El Salvador entre 3-4 dólares", comentó al diario 'El Mundo'. "Estos números reflejan las abrumadoras diferencias entre los sistemas carcelarios de los diferentes países", completó.
Las peores cárceles
Aunque resulta difícil elaborar una clasificación debido a que existen múltiples factores que deterioran las condiciones de vida en las prisiones, se pueden enumerar algunas de las instituciones carcelarias más deplorables de América Latina. En ese sentido la penitenciaría de Curado, en Recife (Brasil), tiene un lugar asegurado. Allí el 20% de los reclusos padece el virus del HIV. Según Human Rights Watch es un porcentaje 47 veces más elevado que la media nacional. La organización internacional también señala que existen 100 veces más casos de tuberculosis que en el resto del país.
La prisión de San Pedro, a unos diez kilómetros de Lima también se encuentra entre las peores de la región. Con una capacidad para albergar a 2.500 reclusos hoy cuenta con 7.000. El hacinamiento, sumado a la falta de control estatal, la convierten en un territorio controlado por las propias bandas carcelarias.
Por su parte, El Salvador, segundo país con más homicidios del continente, cuenta también con la tasa de hacinamiento más alta en prisiones. Con 10.000 plazas totales, tiene en la actualidad 34.700 internos. En ese escenario se destacaba la recientemente cerrada cárcel de Cojutepeque, un viejo cuartel militar reconvertido en prisión para albergar exclusivamente a pandilleros de la mara Barrio 18. Allí se reunían 1.300 personas en un espacio para 400 y contaban apenas con dos horas de agua potable al día. Esto generaba la propagación de enfermedades como la sarna y hongos.
Finalmente, la cárcel colombiana de El Pedregal, en Medellín, también forma parte de esta lista debido a las pésimas condiciones de vida en su interior. Los 400 presos cuentan con apenas seis baños y deben turnarse para dormir debido a la falta de plazas.
¿Por qué?
Además de la falta de presupuesto destinada a los reclusos previamente mencionada, existen otros motivos que dan cuenta de esta situación en las cárceles de América Latina. Uno de ellos es el endurecimiento de los sistemas penales que optan por la condena de prisión como la principal opción para castigar a los delincuentes.
La investigadora mexicana Elena Azaola, autora del libro 'Situación de las Prisiones en América Latina', sostiene que "el énfasis en la imposición de sanciones penales ha dado lugar a un incremento en el número de sujetos encarcelados por delitos de drogas". Pero mientras que entre 1992 y 2012 la población encarcelada en Latinoamérica aumentó más del 100%, "las tasas por los delitos de drogas continuaron mostrando una línea ascendente en todos los casos".
Por este motivo, Azaola plantea incorporar a la legislación penas alternativas al encarcelamiento y reducir el "abuso" de la prisión preventiva. Este último punto se asienta en el hecho de que un gran porcentaje de presos se encuentra detenido sin condena definitiva. La cárcel de El Pedregal alberga al 30% de los internos. Este porcentaje se vuelve alarmante en algunas regiones del continente.
Para Azaola la forma de dar solución a esta problemática es "instrumentar políticas criminológicas integrales" debido a que la situación carcelaria "no puede ni debe" ser vista "de manera separada de la puesta en práctica de una determinada política criminal".