Diez meses después del asesinato de la activista feminista y defensora del medio ambiente Berta Cáceres, ícono de la resistencia popular en Honduras, el único testigo de su asesinato, el mexicano Gustavo Castro, dio a conocer que en diciembre interpuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia contra el Estado de Honduras.
Gustavo Castro, quién también resultó herido de bala en aquel ataque, estuvo detenido en el país centroamericano en un proceso plagado de irregularidades. Ya en México, Castro vuelve a hablar con RT para dar a conocer los motivos que lo llevaron a recurrir a instancias internacionales.
RT: ¿Cuál es el contexto en Honduras cuando Berta Cáceres fue asesinada?
GC: Honduras inicia después de golpe de Estado una escalada cada vez mayor de concesiones mineras, represas y proyectos que de una u otra forma que disputan el territorio a los pueblos indígenas y campesinos. La resistencia no se hace esperar; el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) tenía 50 procesos de recuperación de tierra y estaba obstaculizando el avance de estas inversiones donde las familias más ricas y funcionarios y bancos se están beneficiando. En este contexto, Berta y el COPINH habían tenido muchas amenazas.
Berta tenía una demanda contra la Empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA). Había bastantes antecedentes contra esta firma, que pretendía construir la hidroeléctrica a toda costa.
Ya habían atentado contra Berta en distintas ocasiones y en este último intento estaba yo de visita en un taller que estaba facilitando con los compañeros de COPINH.
RT: ¿Cuáles son las violaciones que te hacen demandar al Estado hondureño?
GC: En un principio pensaron que iba a ser muy fácil asesinarla y no esperaban que hubiera un testigo.
Empiezan a inventar cómo implicar a gente del COPINH, luego intentan imputarme a mí y no lo logran porque hay muchos actores involucrados en este proceso en que doy mi testimonio.
Me trataban como si yo fuera un imputado, un culpable. Me tuvieron siete días sin dormir en una tras otra diligencia. Tenían muchos errores, incluso las cadenas de custodia mal hechas. Me traen de prueba en prueba, no me dan atención médica ni psicológica e intentan manipular el retrato hablado para que se pareciera a alguien que ya habían encarcelado.
Nunca me entregan copia de mi expediente. Pido copia de mi declaración ante el Ministerio Público, no me la dan, ni de declaración ante la juez, quien suspende de manera inconstitucional a mi abogada de mi ejercicio profesional.
Al final me dijeron: "Ya nos ayudó en todo, se puede usted ir". Se arrepienten y me detienen en el aeropuerto de una manera ilegal. Yo le llamo un secuestro de Estado. La Fiscalía va al aeropuerto, no me dejan pasar, no me representan ningún documento oficial, decretan también que permanezca 30 días sin salir del país de manera ilegal.
RT: Hasta tuvieron que pedir disculpas, pero aun así, detectas un patrón de violaciones contra tu persona.
GC: Tuvieron que disculparse de alguna manera porque me detienen cuando iba con la embajadora y el cónsul, pero no me entregan un documento. Cedo a quedarme en virtud de que me obstaculizaban el paso. Por eso, ya que logran que me quede, es cuando me piden los fiscales disculpas.
Había una orden de aprensión que nunca me presentaron. Todo está plagado de irregularidades y es por ello que decido presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta demanda que, en suma, se hace por la violación de derechos humanos, al debido proceso y violaciones también al código penal hondureño y afectaciones en mi salud y psicológica y física.
RT: ¿Podrías explicar los alcances y motivos de la lucha que hacías junto a Berta Cáceres en Centroamérica?
GC: En la región mesoamericana hay mucha movilización de los pueblos y organizaciones. Hay muchas redes de distintos temas en torno al extractivismo. Junto al COPINH hay movimientos afectados por represas y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4), y la lucha contra monocultivos de árboles sobre todo de palma de aceite, que en Honduras es bastante fuerte, y contra deudas externas y la militarización. Es decir, hay muchos ejes en la región; esto incluye también a Guatemala, El Salvador.
En la medida que se firman acuerdos de libre comercio se abren fronteras y se privatiza agua y territorios están llegado a invertir en cualquier actividad extractiva: petróleo, 'fracking', oro, hidroelectricidad, aeropuertos, puertos, granjas camarones, monocultivos, transgénicos, montón de actividades que implican confrontación y lucha por el territorio y corporaciones y los mismos pueblos.
RT: ¿Cómo podría existir un acceso auténtico a la verdad y a la justicia en el caso de Berta Cáceres y en el ataque contra ti?
GV: El Gobierno de Honduras, ante tanta irregularidad, ilegalidad, violación a derechos humanos, ha intentado mantener en secreto la investigación, cosa que exigimos que rompa.
El Gobierno no está abonando ni ayudando a la transparencia de las investigaciones. Además, la magistrada extrajo de manera ilegal los expedientes, cuando la magistrada sustrae la información y se la lleva a casa para estudiarlos se los roban.
Obviamente se antoja pensar que se lo "autorroban" para evitar evidenciar que la investigación tiene anomalías e ilegalidades, y es por ello que durante mucho tiempo se exigió una comisión independiente para investigar el caso.
RT: A la propia familia de Berta Cáceres no se les avisa cuando hay alguien detenido, ¿te han llamado para identificar a alguno de los presuntos responsables?
GC: Los mismos imputados no están imputados con pruebas fuertes. A los mismos imputados no se les ha identificado qué acción cometieron, no se les notifica y a mí nunca me ha llamado la Fiscalía para reconocer a los que han imputado.
Hoy en la mañana fue la audiencia del último que agarraron en México y que además en la audiencia confirmó que estuvo ahí, pero que incluso el que me disparó no está incluido entre los imputados.
RT: Faltaría entonces el eslabón.
GC: Faltaría la pieza clave.
Al-Dabi Olvera