Las autoridades peruanas retiraron a la empresa multinacional Odebrecht la concesión para construir un gasoducto valuado en millones de dólares. La decisión llegó en el marco de la investigación por supuestos sobornos a políticos y empresarios para conseguir permisos de construcción en el país.
Se trata del proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP) que tenía previsto extenderse por un recorrido de 1.134 kilómetros para llevar el gas desde los yacimientos de Camisea, en Cuzco,hasta la costa sur del país. Desde hace algunos días se especulaba con esta posibilidad debido a que este lunes 23 de enero venció el plazo para que el consorcio que impulsa la obra (que incluye a Odebrecht) garantice el financiamiento por 4.125 millones de dólares para ejecutar el proyecto.
Problemas con los bancos
Desde mediados de 2016 el GSP -que debía estar terminado para 2019- comenzó a tener inconvenientes. El escándalo de corrupción en Brasil conocido como 'Lava Jato' que llevó al presidente de la compañía constructora, Marcelo Odebrecht, a la cárcel, hizo que distintas entidades financieras anunciaran que no aportarían dinero mientras la empresa brasileña permaneciera como inversora.
Debido a que Odebrecht tiene el 55% del proyecto, bancos como el BBVA, Credit Agricole, Sumitomo Mitsui Banking, Bank of Tokyo-MitsubishiUFJ, Mizuho Bank, ICBC Standard Bank y Citigroup, entre otros, informaron que se retirarían del GSP. Es que el negocio suponía una concesión a 30 años con una inversión de 5.000 millones de dólares. Pero sobre ese total, 4.300 debían provenir de bancos o emisiones de bonos.
Además de Odebrecht, la española Enagás poseía un 25% del GSP y la peruana Graña y Montero el 20% restante.
No obstante, según esta última empresa si se concreta una nueva licitación del proyecto, el consorcio tendrá derecho a recibir una compensación mínima del 72,25% de la inversión realizada en el gasoducto. Esto supone, de acuerdo a Graña y Montero, entre 1.200 y 1.400 millones de dólares.
Sobornos en Perú
El viernes 20 de enero fue detenido el primer peruano imputado en la causa de sobornos de Odebrecht. Se trata del ex funcionario Edwin Luyo, acusado haber recibido dinero para favorecer a la empresa en la licitación para la construcción de la línea 1 del metro en Lima, en el año 2009.
Debido al pedido del fiscal Hamilton Castro, que lo acusa de cohecho pasivo propio y lavado de activos, Luyo permanecerá 18 meses en prisión preventiva mientras afronta el juicio. También tiene pedido de captura el ex viceministro de Transporte en el gobierno de Alan García, Jorge Cuba.
Cabe recordar que la denuncia del Departamento de Justicia de EE.UU. por el pago de sobornos de Odebrecht involucra a tres ex presidentes peruanos (Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala), así como también al actual Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, de momento, la Justicia peruana no ha solicitado acciones contra ninguno de ellos.