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Gobierno argentino asegura que su política migratoria es distinta a la de Trump

Publicado: 1 feb 2017 23:24 GMT

Argentina endureció recientemente sus leyes migratorias. Esto generó una serie de críticas a nivel local e internacional. Las autoridades han explicado sus motivos.

Gobierno argentino asegura que su política migratoria es distinta a la de Trump
Marcos Brindicci / Reuters
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El lunes 30 de enero el presidente argentino Mauricio Macri firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que modificó la Ley de Migraciones 25.871 y la de Ciudadanía 346. El objetivo de la resolución fue endurecer las políticas migratorias aumentando los requisitos para ingresar al país y facilitar la deportación de extranjeros que hayan cometido delitos o estén en una situación administrativa irregular.

Sin embargo, a las críticas que se generaron en torno a esta medida de parte de organizaciones de migrantes y derechos humanos de Argentina, se sumaron las de otros países. Sobre todo a partir de la propuesta del diputado Alfredo Olmedo de construir un muro en la frontera que el país sudamericano tiene con Bolivia.

Frente a este escenario la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, tuvo que salir a aclarar la situación. "Nuestro problema con la frontera no es la gente, nosotros no tenemos un problema con la inmigración, tenemos un problema con el narcotráfico y con el contrabando", declaró al diario 'La Nación'. Y al ser consultada sobre si tenían pensado construir un muro respondió: "No, en absoluto".

En el mismo sentido la vicepresidenta Gabriela Michetti afirmó que el gobierno de Mauricio Macri tiene una posición "contraria a los dichos de los últimos días de Trump sobre la inmigración en Estados Unidos y el muro". La funcionaria puntualizó la necesidad de "distinguir bien las medidas que tienen que ver con la seguridad", por un lado y el hecho de que Argentina "es un país abierto, que siempre va a estar a favor de la diversidad".

Polémica diplomática

Más allá de la idea del muro planteada por el legislador Olmedo, la modificación de la legislación migratoria argentina generó malestar en sus países vecinos. El ministro de Defensa de Bolivia, Reymi Ferreira, opinó que se trata de una "política apresurada". Al mismo tiempo añadió que "estas acciones unilaterales lo que pueden generar son acciones de xenofobia, racismo y discriminación".

Por su parte la presidenta de la Cámara de Diputados boliviana, Gabriela Montaño, aseguró que "lo que hace (Argentina) es vincular al migrante con la delincuencia, que es inaceptable". Desde su perspectiva "el migrante es un ciudadano que trabaja fuera de su país. No es un delincuente y no se lo puede tachar de esta manera".

Los cuestionamientos también llegaron desde Paraguay. El embajador de ese país en Buenos Aires, Federico González Franco, no se refirió a la nueva legislación pero sí manifestó su preocupación por las palabras de la ministra Bullrich. La titular de la cartera de Seguridad argentina había declarado el pasado 24 de enero: "Acá vienen ciudadanos paraguayos y se terminan matando por el control de la droga".

"No queremos que se estigmatice a una comunidad laboriosa", dijo el diplomático paraguayo. Y manifestó su preocupación por discursos "que vinculan a la comunidad paraguaya y a otras de la región" como "principales responsables" de delitos relacionados con el narcotráfico. En el mismo sentido la Cancillería boliviana citó al embajador argentino en La Paz para pedirle explicaciones al respecto.

Delincuencia e inmigración en Argentina

En el DNU publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, el gobierno de Macri argumenta su decisión -entre otros aspectos- en el hecho de que más del 21% de los detenidos "bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal" son extranjeros, lo que supone un número mucho más elevado que el 4,5% de no argentinos que residen en el país. Asimismo este número asciende al 33% en casos de delitos relacionados con el narcotráfico.

Sin embargo estos números fueron cuestionados, primero por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a través de un informe en el que aseguró que las cifras son otras. El documento ratifica que el 21,3% de los detenidos en cárceles federales (que reciben presos por delitos que se realizan en gran parte en la frontera como el narcotráfico y la trata de personas) son extranjeros. Pero aclara que el porcentaje desciende al 6% cuando se consideran todas las prisiones argentinas en su conjunto. 

Verónica Jaramillo, abogada integrante del CELS, señaló que "en las estadísticas", dadas desde el Gobierno "cuentan a todos los extranjeros como si fueran migrantes, y la mayoría de las personas detenidas por delitos vinculados al narcotráfico son detenidas en tránsito con estupefacientes, no necesariamente habitan la Argentina". Esto se debe a que se trata de "un delito transnacional", que "obviamente estará cometido por migrantes si lo pensás en términos relativos".

Asimismo, 'La Nación', publicó un artículo titulado 'Inmigrantes y delito: qué dicen las cifras', en el que avala los datos brindados por el CELS. Además añade que "solo el 0,2% de los extranjeros que residen en el país está detenido" y esta es una cifra que "se mantuvo más o menos estable en los últimos 10 años".

Santiago Mayor

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