El tratado bilateral de libre comercio —CETA por sus siglas en inglés— entre la Unión Europea y Canadá queda finalmente aprobado por el Parlamento Europeo. Tras 7 años de broncas negociaciones, el mayor acuerdo comercial firmado hasta ahora por Bruselas obtiene el visto bueno de la Eurocámara y supera así su último obstáculo para su entrada en vigor. El CETA elimina la práctica totalidad de los aranceles que gravan los intercambios entre ambas potencias en su intención de lograr efectos positivos para el crecimiento y el empleo. En concreto, la UE aspira a incrementar el PIB en unos 12.000 millones de euros anuales.
Pese a la concentración de manifestantes anti-globalización que ha tenido lugar en las inmediaciones del Parlamento y la entrega de 3 millones y medio de firmas por parte de la plataforma 'Stop TTIP', el texto ha sido finalmente ratificado, tal como se esperaba.
Los detractores del CETA aseguran que el pacto provocará que las multinacionales recurran la legislación sobre derechos sociales, salud pública y medio ambiente, lo cual supone una amenaza para la democracia y el estado de derecho. También creen que terminará con miles de empleos en toda Europa. Por su parte, la Secretaria de Comercio de la Unión Europea, Cecilia Malmström, ha intentado calmar los ánimos indicando que "no hay nada en este acuerdo que socave el derecho de los gobiernos a reglamentar el interés público. Nada que afecte a la seguridad de los alimentos que comemos o de los productos que compramos. Nada que impida a los gobiernos dar buenos servicios públicos. Nada que requiera la privatización del agua o la asistencia sanitaria. Nada cambia la prerrogativa que tienen los legisladores de la UE", según informa el diario español 'El Periódico'.
Lo más preocupante del CETA
Aunque desde la Comisión Europea aseguran que el acuerdo con Canadá "ofrecerá a las empresas de la UE más y mejores oportunidades en Canadá y contribuirá al empleo en Europa" y que "respetará plenamente las normas europeas en ámbitos como la seguridad alimentaria y los derechos del trabajador", existen algunos puntos que preocupan a la ciudadanía:
- El mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estado: consagra un sistema judicial paralelo y unidireccional al que los inversores extranjeros pueden acudir para defender sus intereses eludiendo el sistema jurídico existente."Supone un desequilibrio en cuanto a los derechos jurídicos que tienen las grandes empresas y los derechos del resto de la ciudadanía. Es un tribunal exclusivo para las empresas extranjeras y les permite demandar a los Estados ante cualquier modificación de la legislación que ellos consideren que va en contra de sus intereses", explica Cuca Hernández.
- Limita seriamente la capacidad de los gobiernos para crear, expandir y regular los servicios públicos, así como para revertir liberalizaciones y privatizaciones fracasadas.
- Provoca que Canadá y la UE sean más vulnerables a las crisis financieras puesto que se producirá una mayor liberalización de los mercados financieros.
- Las cláusulas del CETA en cuanto a cooperación reguladora y a la capacidad normativa de los estados pondrían obstáculos adicionales a las regulaciones, reforzando el papel de los lobbies en los procesos democráticos y socavando potencialmente la adopción de políticas de interés público.
- Expone a los agricultores a más presión debido a la competitividad comercial y amenaza los estándares de producción y procesamiento de alimentos, haciendo imposible el desarrollo de una agricultura sostenible.
- En el texto de este acuerdo, el desarrollo de los derechos laborales y el desarrollo sostenible son voluntarios y no legalmente vinculantes, por lo que no pueden ser efectivamente reforzadas mediante sanciones.
- Un estudio independiente de los impactos económicos del CETA predice que se perderán puestos de trabajo tanto en la UE como en Canadá.
- Podría aumentar el coste de las prescripciones de medicamentos e impactaría negativamente en derechos fundamentales como el derecho a la privacidad y a la protección de datos. También limitaría la capacidad tanto de la UE como de Canadá de actuar contra patentes excesivas.
- Pone en grave riesgo el principio de precaución, consagrado en el Tratado de la UE, que permite adoptar medidas protectoras frente a productos o tecnologías sospechosos de poner en riesgo la salud pública o el medio ambiente.