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La justicia indígena de Guatemala lucha por su reconocimiento

Publicado: 16 feb 2017 23:54 GMT | Última actualización: 17 feb 2017 04:19 GMT

Las autoridades elegidas en las comunidades indígenas de Guatemala aplican su sistema de justicia, a pesar de que constitucionalmente han sido marginadas por el Estado.

La justicia indígena de Guatemala lucha por su reconocimiento
Reuters
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La existencia de la justicia indígena en Guatemala no es nueva, ya que esa forma de organización comunitaria la practicaba el pueblo ancestral Ixil hace alrededor de 25 siglos. Sin embargo, aún es rechazada por sectores acomodados de ese país, que se oponen a que se le otorgue rango constitucional.

Esta semana, el país centroamericano suspendió una sesión de su Congreso por falta de cuórum. Los diputados de izquierda trataron de impedir que los parlamentarios conservadores rechazaran la modificación del artículo 203 de la Constitución guatemalteca, que desconoce a autoridades que no provengan de la Corte Suprema de Justicia y de los demás tribunales, un cambio que dejaría fuera de la Carta Magna a la esa milenaria organización de justicia indígena.

Desde hace casi un año, algunos guatemaltecos tratan de reformar alrededor de 60 artículos constitucionales y, aunque no logren el reconocimiento de las autoridades indígenas, esa legitimidad sí está reflejada en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Como Guatemala ha "ratificado" ese último documento, "automáticamente tiene potestad de rango constitucional",  expresa el Defensor de los Pueblos Indígenas de la Procuraduría de Derechos Humanos, Byron Paredes.

Legislación milenaria

"Los Q'esal Tenam (Consejos de Principales) ya existían siglos antes de Cristo y son la cabeza de cada comunidad", cada una de las cuales "tiene un consejo", que "es el responsable de elegir su alcalde comunitario", afirmó el investigador sobre temas indígenas, Diego Vázquez, uno de los invitados en un foro realizado en una universidad guatemalteca para aclarar las dudas sobre esa forma de gestión.

"Desde siempre teníamos nuestra propia organización de gobierno, nuestras propias autoridades. La organización comienza desde la familia. Nos quitaron nuestras tierras, quieren quitarnos hasta el agua, pero nuestras formas de hacer justicia no nos las van a quitar", expresó Tomás Saloj Guit, alcalde indígena de Sololá (región suroccidental guatemalteca), quien también participó en la actividad.

Los gobiernos de cada aldea coordinan la vida comunitaria, "más que imponer y mandar. No tenemos el concepto de justicia, sino de armonía, y por eso no solo respetamos los derechos humanos, sino también a la naturaleza", indica José Santos Sapón, expresidente de la Junta Directiva 48 Cantones, una organización ancestral.

En español, las autoridades indígenas se conocen como alcades y, aunque "nosotros no las llamemos así, es la forma de entendernos con el Estado. En nuestra cosmovisión no existen los conceptos", aclara Sapón.

¿Cómo funciona la justicia indígena?

Un canadiense fue robado en una población, hizo una denuncia ante el Ministerio Público y se inició una investigación, que duró años. "No recuperaba el dinero, fue a la municipalidad indígena y, en dos meses, tras reuniones que se hicieron, se lo devolvieron", explica Saloj Guit.

Las autoridades de la justicia indígena destacan la celeridad con la que solucionan los conflictos: solo en 2016, la municipalidad de Sololá resolvió 3.000 casos. Además, no está sujeta a horarios: "A las 23:00 me llaman en la comunidad: 'Tenemos un problema, un joven drogado se metió a una casa'. Hice una llamada, fuimos a la comunidad y a las 3:00 se resolvió", recuerda su alcalde.

Las críticas de los sectores empresariales, que defienden sus intereses relacionados con la explotación de los recursos naturales, se afincan en la varibilidad "irresponsable" en los procesos de elección de las autoridades, según Prensa Libre.

Diego Vázquez desgrana que "las variabilidades no son entendidas como un problema", recuerda que "el gobierno colonial mantuvo las autoridades indígenas en el llamado 'pacto colonial'" para garantizar la organización y destaca que "en algunas democracias parlamentarias europeas hay acuerdos, por eso hay que tener un punto de vista más comparativo: las variabilidades responden a la lógica de las comunidades".

No existe una forma única de elección o designación de las autoridades, pues depende de la comunidad y sus normas, pero Sapón subraya que la importancia de conceptos como "responsabilidad, honorabilidad, puntualidad, limpieza y transparencia" porque "una autoridad debe ser ejemplo".

Los principales problemas que afrontan son disputas por límites de terrenos, tala de árboles, paso de ríos o violencia de género y, cuando el caso es de mayor gravedad, se remiten al Ministerio Público. El castigo, que busca que el culpable sienta vergüenza, "puede incluir resarcimiento, trabajo comunitario, destierro o azotes", reseña Terra.

José Santos Sapón destaca que "En nuestras comunidades no existen delitos graves" porque "existe una planificación preventiva para evitar la criminalidad" y, aunque "no les digo que todo funciona", existen procedimientos "que resolvemos como autoridades y en asambleas".

María Victoria Chuj, alcaldesa comunitaria de Sololá, concluye: "el sistema de autoridades es la forma de organización que se tiene en la población indígena  para guiar al pueblo y mantener la armonía, el equilibrio y todos los principios que tenemos desde nuestra cosmovisión maya".

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