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¿Por qué una parte del Congreso de Guatemala rechaza la justicia indígena?

Publicado: 18 feb 2017 03:23 GMT | Última actualización: 18 feb 2017 04:22 GMT

Los diputados del sector conservador, aliado al empresariado guatemalteco, temen la pérdida de sus privilegios.

¿Por qué una parte del Congreso de Guatemala rechaza la justicia indígena?
Johan Ordonez / AFP
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El rechazo del empresariado al reconocimiento constitucional de la justicia indígena en Guatemala esconde las verdaderas razones: que los funcionarios judiciales no pierdan sus beneficios, opina el defensor de los Pueblos Indígenas de la Procuraduría de Derechos Humanos, Byron Paredes.

Entrevistado por el portal noticioso soy502, Paredes opinió que el ala conservadora del Congreso de ese país, la cual está vinculada al sector empresarial, se niega a aprobar la reforma constitucional porque esta propone las modificaciones en la elección de magistrados y del fiscal general, la existencia de una carrera judicial y la posibilidad pérdida de la inmunidad de los jueces ante hechos de corrupción.

"La reforma constitucional no es algo novedoso, más bien es toda una lucha, un esfuerzo por constitucionalistas que la creen necesaria", agregó.

Sobre el argumento de los sectores conservadores de "un sistema paralelo de justicia indígena", recuerda que este existe desde hace siglos y que "nada tendría que influir en cómo funciona el país".

"Hay ineficiencia del Estado en 40 municipios, no hay juzgados de paz, no hay Ministerio Público, ni Instituto de la Defensa Pública Penal ni Policía. Se tienen que activar los sistemas de justicia indígena porque de lo contrario habría una ingobernabilidad tremenda", expresó.

El miedo de los empresarios

El sector empresarial, agrupado en Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), que según estudios tiene más peso en el Congreso que los partidos políticos, teme que las autoridades indígenas tengan la potestad constitucional para enjuiciarlos por daños al medio ambiente en los grandes proyectos hidroeléctricos, mineros o de extracción de recursos naturales que llevan a cabo.

Aunque quienes habiten en los territorios indígenas están sujetos a sus autoridades, "el organismo judicial será el administrador de justicia, tendrá siempre la primera potestad, la aprobación de licencias, los estudios de impacto ambiental, que observen las normas que ya están establecidas", aclara el defensor.

La campaña de guerra sucia, basada en el racismo, ha tratado de "satanizar el uso de la autoridad indígena. Dicen que ha habido linchamientos, pero como defensor de los Derechos Humanos, podemos garantizar que no existe ninguna resolución en su donde su sentencia sea esa".

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