En vísperas del primer aniversario de la muerte de la activista medioambiental hondureña Berta Cáceres, Amnistía Internacional califica de vergonzosa la ausencia de una investigación efectiva al respecto. Este homicidio no solo reforzó el sentimiento de inseguridad entre los ecologistas del país, sino que dio paso a que el Congreso aprobara una ley para proteger a los activistas. Sin embargo, aún hay fallos tanto en su aplicación como en la investigación de los casos de violencia.
Honduras: un riego para los activistas
Según datos del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPIHN), más de 110 activistas ambientales han sido asesinados entre 2010 y 2016. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos asegura que los defensores del medio ambiente que intentan denunciar el acoso y la inseguridad que viven, no obtienen respuestas eficaces por la gran corrupción que hay en el Gobierno.
Al respecto, la investigadora de Amnistía Internacional México Ariadna Tovar señala que hay una serie de "intereses económicos y políticos de distinto tipo" en donde además, los ambientalistas y activistas son tratados de delincuentes y amenazados, así como su círculo íntimo más cercano. "Pasan por la vigilancia y la criminalización", destaca.
Berta y su legado
Al parecer, existe un vínculo entre la violencia contra los ambientalistas y su oposición a compañías que buscan la explotación de tierras en Honduras. Sobre todo, si el defensor se convierte en una figura relevante para la sociedad, como era el caso de Berta Cáceres, ganadora del Premio Ambiental Goldman 2015 y asesinada en marzo de 2016.
Para Axela Romero, de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos de México, Cáceres "señalaba un rumbo de acción" a favor de las necesidades de las comunidades indígenas y se oponía al modelo capitalista que "nos está causando muchos estragos".
Cifras alarmantes
La ONG Global Witness reveló que tres cuartas partes de los asesinatos a ambientalistas en el mundo suceden en Sudamérica y América Central. Honduras presenta el mayor número de asesinatos per cápita y ha sido catalogado como el país más peligroso para ejercer la defensa de los derechos ambientales y de la tierra. Una zona de alto riesgo para una labor que no solo requiere dedicación, sino también una gran valentía.