La vida de los defensores de derechos humanos e integrantes de movimientos sociales podría estar en peligro si se aprueba una legislación llamada 'Ley Eruviel', por el nombre del gobernador de la entidad conocida como el Estado de México, Eruviel Ávila, quien la propuso en 2016.
Esta normativa para regular la fuerza pública aplicaría solamente para el Estado de México, una lugar con poco más de 15 millones de personas que rodea a la Ciudad de México y donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha gobernado por 75 años. Sin embargo, podría servir como antesala de leyes parecidas en todo el país.
"Concretamente, viola el derecho a la vida y la libertad de reunión, expresión y manifestación porque legaliza el uso de armas de fueron contra manifestaciones pacíficas", cuenta a RT Antonio Lara, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
Lara explica que, si la ley es aprobada, dejaría a criterio de cualquier elemento policial evaluar si una protesta es valida o no, dejando en vulnerabilidad a cualquier manifestante ante las fuerzas del orden público. Inclusive, legalizaría una especie de ley fuga.
"Si un miembro de la fuerza pública considera que alguien se da a la fuga por la posible comisión de algún delito, abre la posibilidad de dispararle", agrega el defensor de derechos humanos.
En un comunicado público, una red de organizaciones de todo el país llamado Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social aclaró que hay aspectos preocupantes de la Ley Eruviel que podrían ser traducidos como una "carta abierta" a violaciones a los derechos de las personas por parte de la policía mexiquense.
Dedicatoria especial para defensores ambientales
Para Lara, la nueva ley mexicana lleva una dedicatoria específica: las personas, organizaciones y pueblos que, desde hace años, defienden los abundantes bosques, tierras y fuentes de agua que existen en el Estado de México. Lugares como San Salvador Atenco y San Francisco Xochicuautla son muy conocidos en todo el país por la defensa medioambiental que han hecho.
Hoy, estas organizaciones de derechos humanos y ambientales tienen una posibilidad de detener la ley, pues Alberto Pérez Dayán, un ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), el máximo tribunal del país, presentó una acción de inconstitucionalidad contra la ley, lo cual abrirá un debate al interior de la Corte para que los magistrados decidan si contraviene a la Constitución mexicana.
César Hernández Neri, maestro del Estado de México, denunció en una protesta frente a la SCJN que "permite el uso de armas legales del espionaje y de la ley fuga si los supuestos delincuentes escapan pero, sobre todo, permite la violación a a los derechos de los mexiquenses".
Un ejemplo de represión
Lara explica que está ley es la más agresiva del país para defensores de derechos humanos, además de que podría ser el ejemplo para una ley nacional de este talante, además de complemento de otras leyes polémicas como la Ley de Seguridad Nacional, calificada recientemente por académicos como un "autogolpe de Estado".
Lara asevera que, a partir de este 2 de marzo y hasta en una semana, se sabrá la resolución de los jueces mexicanos. De ser rectificada la 'Ley Eruviel', los defensores acudirán a tribunales internacionales.
Ignacio del Valle, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco —una organización destacada por detener desde hace 15 años la construcción de un aeropuerto en tierras campesinas—, reitera a RT que quienes defienden sus tierras en el Estado de México ya sufren medidas represivas desde hace años y pone como ejemplo la entrada de más de 5.000 elementos policiales a su comunidad en 2006, aunque también advierte que está ley es parte de una serie de medidas similares en todo el país.
Para Del Valle, la nueva ley obedece a la inconformidad en la entidad, la cual tendrá elecciones en este 2018: "Es para garantizar y cerrar un círculo de miedo".
Al-Dabi Olvera